Larga es la historia de Estados Unidos en la lucha contra discriminación racial y la integración sociolaboral de las minorías. En 1961, el Presidente Jonh F. Kenenedy impulsa Orden Ejecutiva para obligar a las empresas que contraten con la Administración a la adopción de medias de integración de minorías, con sanción para caso de incumplimiento.
Desde entonces, la legislación federal norteamericana, no ha parado de desarrollarse en este sentido y de promover de forma real y efectiva la integración de las minorías. En la actualidad las empresas están obligadas a superar anualmente “la prueba del algodón”, al tener que rendir cuentas a la Administración, cada año de las estadísticas de la composición de sus plantillas detallando el % de mujeres, negros, hispanos, asiáticos, nativos, jóvenes, mayores de 45 años, discapacitados y ex combatientes, y compararlo con el % demográfico del territorio donde se ubican las empresas. En el caso de diferencias con la referencia estadística del ámbito territorial donde radica la empresa, estas están obligadas a realizar políticas específicas en sus procesos de selección para alcanzar el % de representación de cada una de esas minorías en la plantilla.
Mucho ha evolucionado también la sociedad española en los últimos 40 años de Democracia, donde la incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto la remodelación de los tradicionales roles del hombre y la mujer: por un lado la mujer ha abandonado el papel de ama de casa y cuidadora exclusiva de la prole, compaginándolo con su nuevo papel en el mercado laboral, y por otra parte, el hombre ya no se dedica en exclusiva a la ancestral provisión de recursos económicos para la familia, si no que lo ha compaginado también con una decisiva implicación en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas.
Esta realidad sociológica, no es tenida en cuenta, todavía por muchos jueces de familia, que bien por no haber evolucionado ellos en la misma progresión que la sociedad general, o bien por desconocimiento de la nueva realidad social, siguen condenando a la mujer en los procesos de divorcio al cuidado en exclusiva de los hijos e imponiendo a los hombres, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el obsoleto rol de conseguidor de recursos económicos para una familia que se ha roto, y lo que es peor condenando a los menores a crecer sin un padre, tal y como sucedía en generaciones anteriores cuando los hijos quedaban huérfanos por el fallecimiento de los padres en los campos de batalla, de las numerosas guerras que se han librado en los últimos siglos.
Imponer a la mujer en exclusiva la carga del cuidado de los hijos tras el divorcio, es condenarlas a tener unos salarios inferiores a los varones, impedir su progresión y promoción profesional, y en definitiva, condenarlas a ser económicamente dependientes de los varones.
Imponer a la mujer en exclusiva la carga del cuidado de los hijos, es enseñar a los menores que para el Estado de Derecho y los jueces que lo representan, es consustancial a la naturaleza femenina el cuidado de los hijos, y a la del hombre traer el dinero a casa.
Imponer a la mujer en exclusiva la carga del cuidado de los hijos, supone consolidar una sociedad prehistórica, antidiluviana, desfasada y condenar a España a un retraso histórico, del que poco a poco se estaba saliendo, con gran esfuerzo de todos.
Imponer a la mujer en exclusiva la carga del cuidado de los hijos, supone impedir la efectividad de las políticas de Igualdad, y perpetuar la discriminación de la mujer, e incluso la del hombre actual que reclama una participación activa en la responsabilidad parental.
La Justicia española en materia de familia, no supera “la prueba del algodón”, ya que más del 73.1 % de las sentencias imponen la custodia exclusiva a la mujer (Fuente INE) y la discriminación del varón en el ejercicio de la paternidad. Porcentaje que nada tiene que ver con la nueva realidad social, donde las mujeres trabajan en su gran mayoría y los hombres están implicados diariamente en el cuidado y educación de los hijos. Una Justicia que no es transparente, que la gran mayoría de las resoluciones de instancia no son motivadas, ni respetan la Jurisprudencia del TS que tiene como objetivo dar homogeneidad a los criterios de Justicia.
En la actualidad cuatro millones de ciudadanos varones son víctimas de este sistema injusto que les aparta de la vida diaria de sus hijos. Cuatro millones de ciudadanos con derecho a voto, que en su mayoría ven como ningún partido político responde a su principal demanda: la custodia compartida. Sólo de forma meramente residual el casi extinto UPYD defendía activamente la custodia compartida. La formación política VOX, sin representación parlamentaria también defiende la Custodia Compartida, al incluir entre sus filas a destacados defensores de este sistema de custodia. Por otra parte Ciudadanos, de forma electoralista consiguió aglutinar gran parte de ese nicho de voto, frente al bloque monolítico de partidos de izquierdas, que va desde el PSOE a los grupos más radicales filoterrorista, comparten su visceral e incomprensible oposición a la igualdad de género que supone la custodia compartida. Pero Ciudadanos después del pacto con el PSOE, donde los lobbys feministas combaten activamente, de forma sorprendente, que el hombre se haga cargo en plano de igualdad con las mujeres del cuidado de los hijos, como digo después de ese pacto, nada ha dicho ni volverá a decir de la custodia compartida, puesto que no hay posibilidad de acuerdo en esta material con el radicalismo ideológico de los socialistas. Esto demuestra que quienes pretenden presentarse como adalides de la Nueva Política, están movidos por los peores criterios de la Vieja Política, es decir, los principios son accesorios y al servicio de negociación a cambio de poltronas, sillones y cargos.
Ahora toca reelaborar programas electorales, y frente los partidos que únicamente van a repetir programas y a repetir en el mejor de los casos los mismos resultados electorales con una sociedad hastiada de políticas que se incumplen, de programas que no responden a las necesidades y demandas ciudadanas, el Partido Popular tiene la oportunidad de aumentar su base social, incluyendo en su programa de forma decidida la custodia compartida. Pero necesitaría en ese caso, incluir un compromiso creíble de cumplimiento, puesto que estando en el Gobierno no ha aprobado la regulación nacional de la custodia compartida y corresponsabilidad parental.
Durante la pasada legislatura, el Tribunal Supremo ha sido la única institución, a través de su Jurisprudencia, que ha promovido la generalización del régimen de custodia compartida, dando homogeneidad a un complejo sistema legal, donde en algunas Comunidades Autónomas ya han establecido el régimen de custodia compartida, a semejanza de un estado federal, donde en función del estado de residencia los derechos de los menores y padres son diferentes, atentando también de esta forma a la Igualdad de los ciudadanos ante la ley, en materia de derechos fundamentales y de derechos que afectan a menores.
A esto se suma la desobediencia civil en que incurren no pocos Juzgados de Familia e incluso Audiencias Provinciales, entre ellas las de Madrid, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente el propio Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de marzo (núm. 194/2016 ponente Seijas Quintana) que incluso ha llegado a denunciar que esa desobediencia de la Jurisprudencia del TS atenta contra la seguridad jurídica en un “sistema necesitado de soluciones homogéneas por parte de los tribunales en asuntos similares”, y que supone convertir al TS en una tercer instancia impropia, ante la permanente inobservancia de los órganos inferiores. Lo cual carga innecesariamente al TS y obliga a los ciudadanos a perder no sólo tiempo, mucho tiempo, en el que los perjudicados principales, una vez más son los menores, si no recursos económicos de los padres, y que podrían ser destinados a atender las necesidades presentes y futuras de los hijos, en una situación todavía de crisis, y en donde los ciudadanos no pueden permitirse ese lujo, sin importantes sacrificios.
Es hora de estrategias, elaboración de programas, de propuestas políticas que respondan a necesidades reales de los ciudadanos, y de hacerlas creíbles. No de ingeniería electoral que con políticas de salón, consiga mayor representación aprovechándose de la Ley de D'Hondt, creando ahora coaliciones, por parte de quienes pretendían derogarla. De poco sirve que partidos sin representación y sin posibilidades de tenerla, defiendan la custodia compartida. Cuatro millones de votantes están esperando que algún partido con posibilidades de llegar al gobierno defienda la custodia compartida con credibilidad, compromiso de cumplimiento y plazos de aprobación, para votar. Es hora de ilusionar, es hora de soluciones reales y defender la igualdad, con convicción. Mucho está en juego.
José La Cave