sábado, diciembre 3, 2022

Contra la exclusión, normalizar lo prohibido

Recientemente, Ciudadanos-partido de la ciudadanía ha lanzado al ruedo del debate político dos propuestas de profundo calado social y jurídico al abordar asuntos de eterna actualidad, pero profundamente  marcados por la ignorancia y el tabú: la normalización de la práctica de la prostitución y la legalización de las denominadas drogas blandas.

Traer a la arena de la deliberación política e ideológica ambas realidades y querer profundizar en ellas, es un rasgo definitorio que distingue abiertamente a esta fuerza política emergente del resto de los partidos políticos nacionales, nuevos y viejos, los cuales no han tardado en desmarcarse, víctimas del prejuicio ideológico y de la hipocresía política.

En principio no debería escandalizar a nadie que nuestros políticos, tan intervencionistas ellos, capaces de regularlo todo, estén abiertos a sostener, simplemente, un debate sobre la regularización de dos viejas realidades del mundo. Sin embargo, proponer lo necesario, renunciar a la ignorancia o, si se quiere, hablar de lo evidente, ha provocado el rechazo total del conjunto de los partidos políticos, desde la derecha política representada por el Partido Popular, hasta la izquierda socialista del PSOE, la más radical de Izquierda Unida o desde el abierto polulismo de Podemos.

En cuanto a la regularización de la prostitución, la cuestión no puede ser más acertada y acorde con la realidad social y legal, tanto europea como española. Efectivamente, hace ya catorce años, en 2001, el Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió la controversia mediante una sentencia dictada en el asunto C-268/99, en el que unas prostitutas checas pedían legalizar su actividad laboral en Amsterdam. El Tribunal dijo que “la prostitución forma parte de las actividades económicas” de los estados  miembros, si no “hay vínculo de subordinación” en la elección de dicha actividad ni en “las condiciones de trabajo y de retribución” y “si es bajo responsabilidad propia y a cambio de una remuneración que se paga íntegra y directamente”.

Aquí en España, en 2011, la juez Gloria Poyatos simuló ser meretriz para demostrar que era legal darse de alta en la Seguridad Social como trabajadora del sexo. Gloria es abogada, profesora en la Universidad de Girona, magistrada del Juzgado de Lo Social en Lanzarote y una entusiasta estudiosa de la legislación existente sobre la profesión más antigua del mundo. La juez consiguió darse de alta como autónoma y cotizar a la Seguridad Social como prostituta.

Los abolicionistas ignoran, en el mejor de los casos, que la prostitución ya es legal en Europa y en España y que su posicionamiento es, además de anacrónico, antidemocrático e ilegal. Para ellos, da igual que la desregulación de la prostitución contribuya decididamente a la trata de blancas, a la esclavitud, al abuso sobre las mujeres, especialmente jóvenes, a la proliferación de las mafias, al blanqueo de capitales o a la corrupción de las autoridades competentes en perseguir el crimen.

Pero el empeño en la desregulación o en la prohibición de lo que ha sido, es y será, no es más que la expresión política del buenismo de la derecha más antigua y del colapso intelectual de la izquierda-feminista, ambas ideologías tan tradicionalistas ellas que, por distintos caminos, acaban encontrándose en la prohibición. En su ansia por tildar cualquier tipo de prostitución como de esclavitud femenina obvian la existencia y  proliferación de la prostitución masculina, tanto heterosexual como homosexual, así como los estudios sociales y académicos existentes, realizados desde La Universidad, sobre el trabajo sexual en sus distintas modalidades, cuyas conclusiones son ajenas por completo a cualquier planteamiento abolicionista o prohibicionista, tan antidemocráticos como ilegales. Eso sí, la normalización debe ir acompañada de una sólida agenda de acción social y política en favor de la inclusión socio-laboral de las trabajadoras y trabajadores del sexo, así como de un decidido impulso policial contra la trata de mujeres y la prostitución forzada.

En cuanto a la propuesta de legalización de las llamadas drogas blandas, el debate es también muy pertinente, pues la persecución administrativa y penal del consumo del cannabis y sus derivados, con sus medibles y nefastos resultados, no ha impedido el aumento de su consumo pero sí ha propiciado la proliferación y el uso de productos altamente adulterados, muy tóxicos y, al propio tiempo, ha obligado a los jóvenes a introducirse, de alguna forma, en el mundo del crimen, del mercado negro, de la delincuencia organizada aunque sea a pequeña escala, de las cosas prohibidas legal y penalmente, con los riesgos relacionales, personales y jurídicos, que ello comporta.

Cualquier medida de legalización y de despenalización del comercio y consumo de la llamadas drogas blandas deberá ir acompañada de importantes acciones de prevención e información sobre el abuso de drogas y sus efectos dañinos y sobre el consumo responsable, tanto de cannabis como de otras drogas legales, especialmente entre los jóvenes.De hecho, lo que conviene perseguir es sin duda la proliferación de cannabinoides sintéticos que, modificados genéticamente para incrementar sus efectos psicoactivos hasta extremos alarmantes, deben dejar de considerarse substancias o drogas blandas.

Desde el punto de vista jurídico-penal, la regularización del consumo de las denominadas drogas blandas no supone especial complejidad. Pero habrá que articular mecanismos de control, limitación y expedición adecuados, para evitar los daños que conlleva un consumo irresponsable, como ocurre con otras substancias tradicionalmente legales.

Espero que estas dos propuestas se consoliden en la agenda de nuestra política y que se sustenten, no tanto en planteamientos economicistas, como en aspectos relacionados con el respeto a la legalidad, a la libertad y a la defensa de los derechos individuales y colectivos, como el derecho al trabajo, a la seguridad, a la salud, a la dignidad del hombre y la mujer o al consumo informado y responsable.

Ignacio Perelló Almagro

Abogado

Ignacio Perelló

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