Era una muerte política anunciada pero, salvo José Antonio Griñán, que hace unas semanas renunció a su acta de senador, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías hicieron como que el escándalo de los ERE no iba con ellos. Leían en los periódicos que la Justicia trataba de recomponer las piezas del puzle administrativo que había permitido distribuir ¡855 millones de euros! de manera ajena a los procedimientos legales establecidos -el auto del Supremo les acusa de prevaricación- y hacían como que no les concernía. Tras tres décadas controlando el poder en la Junta de Andalucía, les ha llegado la hora de rendir cuentas en los tribunales.
Qué sean los jueces y no los electores quienes sancionen la corrupción da idea de lo tupido de la red clientelar organizada a beneficio de los intereses políticos, en este caso del Partido Socialista de Andalucía. Más allá de cualquier otra consideración respecto de su manera de sacar adelante la investigación, tengo para mí que ahora que otro magistrado (Tribunal Supremo) ha corroborado lo esencial de las indagaciones del instructor que investigó todas las ramificaciones de este presunto y colosal fraude, parece llegada la hora de reconocer la tenaz labor desarrollada por la juez Mercedes Alaya.
Sola durante meses en el más estricto sentido de la palabra, supo sobreponerse al cerco mediático y al clima psicológico de agobio creado por quienes en los medios de la región andaluza tienen conectados sus intereses con los de los políticos de la Junta. Gracias a su tenacidad, hoy estamos más cerca de saber qué pasó con los fondos distraídos al procedimiento legal y quién se benefició pecuniariamente de ellos. Acerca de los beneficiarios políticos no hay dudas: son quienes una y otra vez, durante más de treinta años, consiguieron mantenerse en el poder.
La recién investida presidenta de la Junta (Susana Díaz) se ha comprometido ante el pueblo andaluz a ser «implacable» -fueron sus palabras- con la corrupción. Tras el auto del Supremo lo tiene más fácil. Esperemos que haya tomado nota. En España, la Justicia es lenta; tarda en sustanciar los sumarios, pero, a la postre, llega. Llega y al coronar su tarea se cumple el mandato constitucional que dice que ante la Ley no hay privilegios porque todos somos iguales. Los Chaves, Griñán y Zarrías han tardado en asumirlo. Por eso es más ruidoso el hundimiento.
Fermín Bocos