Gota a gota, en pequeñas noticias en las páginas interiores de los periódicos, queda constancia del deterioro, cuando no el expolio, del patrimonio histórico al que nadie, ni siquiera en este año electoral cuajado de promesas, parece prestar atención.
Pero, al margen de la obligación ciudadana de preservar para las futuras generaciones la belleza que hemos disfrutado, conviene recordar, en tiempos de crisis, que el turismo es la principal industria de este país y que, de los millones de turistas que eligen España como destino vacacional, una gran parte lo hace atraída por su rico patrimonio, legado de los pueblos que, desde la prehistoria, fueron dejando su huella de norte a sur.
Puede ser una lamentable casualidad pero llevamos unas semanas en las que se han producido más desastres de lo habitual y que hacen saltar las alarmas sobre la laxitud de comunidades y ayuntamientos en la protección de unos bienes que son de todos. Al margen de la avaricia de la Iglesia Católica que ha decidido inmatricular como propio cualquier monumento religioso, incluso islámico como la Mezquita de Córdoba, para cobrar los pingues beneficios que producen las entradas, la pretensión del Ayuntamiento de Mérida de montar un campeonato de Pádel, con la instalación de su pista incluida, en el anfiteatro romano ha hecho saltar todas las alarmas.
Resulta que a los visitantes de las ruinas de Emérita Augusta, no se les permite fumar, ni llevar mochilas de tamaño medio, ni coger una flor, y está muy bien que así sea, pero, buscando claramente beneficios económicos, resulta que se consiente que unas grúas instalen en el escenario del anfiteatro, sobrevolando las piedras milenarias, una pesada infraestructura deportiva.
El TSJM ha dictaminado que no comparte el criterio de los Alba de que la carta privada de Colón a su hijo carezca de valor histórico
Tampoco debían estar muy bien protegidas las ruinas romanas de Écija cuando que un individuo, todavía no identificado, pudo saltar sin dificultad, cargado con una bolsa de considerable tamaño, la valla perimetral que rodea el yacimiento. Dentro de la bolsa llevaba sus armas de destrucción: mazas y picos con los que arrasó unos mosaicos de los que solo existen cuatro similares en el mundo. El daño es irrecuperable. Y, al margen de la detención del culpable, alguien debiera hacerse responsable de que un patrimonio excepcional estuviera al alcance de un perturbado.
La única noticia positiva de estos días, pésimos para el respeto al legado milenario, ha sido la prohibición de la venta, que los herederos de la duquesa de Alba pretendían llevar a cabo, de una carta autógrafa de Cristóbal Colón a su hijo Diego en 1498. La casa de subastas Christie de Londres había tasado el documento en 21 millones de euros. Los alba argumentaron, en su solicitud de permiso de exportación y venta, que ese dinero se iba a destinar a la conservación de su fundación.
Menos mal que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que no comparte el criterio de los Alba de que, al ser una carta privada de Colón a su hijo, carezca de valor histórico. Tampoco parece que la familia de la extinta duquesa, que recibe cuantiosas subvenciones, tenga una apremiante necesidad de incrementar sus cuentas corrientes. Si tan costoso es el mantenimiento pueden cederlo al Estado para el Archivo de Indias que lo conservara para la posteridad.
Victoria Lafora