viernes, marzo 29, 2024
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La diplomacia del canal

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Hay controversias en las que están implicadas empresas multinacionales que, por su dimensión, pueden afectar o repercutir en las relaciones entre Estados. Así ha sucedido con la reclamación de Sacyr a Panamá de un importe de 1.200 millones de euros por sobrecostes en la construcción de las ampliaciones del canal interoceánico. Hace poco tuvimos un episodio parecido cuando altas autoridades de 3 Estados, Argentina, España y México se implicaron en la solución de la controversia entre Repsol y Argentina. Por parte española participó entonces el Ministro de industria. Ahora le ha tocado el turno a la Ministra de Fomento española Ana Pastor, que ha tenido que practicar sus buenos oficios para lograr que haya un principio de acuerdo basado en el diálogo sobre la base del contrato entre las partes firmado el 2009.

El  riesgo en este caso era el de paralización de unas obras a cargo del Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).  En este consorcio participan la española Sacyr, la italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y Constructora urbana, de Panamá. No son unas obras cualesquiera pues tienen un claro interés internacional al afectar a las comunicaciones marítimas mundiales. Ante el riesgo de paralización de las obras si no se atendían las reclamaciones del GUPC por el sobrecoste alegado, el presidente de Panamá Ricardo Martinelli, solicitó la intermediación de los gobiernos español e italiano para que presionaran en favor del cumplimiento del contrato a las empresas de su nacionalidad que ejecutan las obras de ampliación del canal. Solicitaba una suerte de protección diplomática a la inversa en el sentido de que en vez de proteger los intereses de las empresas, los gobiernos  las presionaran en favor de los intereses del Estado receptor de la inversión. Ana Pastor se entrevistó con el presidente de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el GUPC y anunció un acuerdo para dialogar y resolver las controversias por la vía del contrato que incluye en último término un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional.

Parece que la intervención de Ana Pastor no ha llegado a la categoría de mediación, donde se propone una solución concreta a la controversia sino que se ha quedado en el nivel de los buenos oficios dirigidos a que las partes por sí mismas alcanzen dicha solución dentro de los términos del contrato. Esto se confirma con las declaraciones de la ACP conforme a las cuales la intervención de la ministra no implica una vía de arreglo alternativa a la del contrato. Lo que resulta interesante del caso también es el perfil de la participación del ministerio de Asuntos Exteriores -a través del Secretario de Estado para Iberoamérica y del jefe de la misión diplomática en Panamá- en estos buenos oficios dado que es una tarea para la que está expresamente habilitado. Quizá en este caso, como en tantos otros se ha impuesto una suerte de principio de especialidad que impera sobre todo en temas económicos y comerciales y que ha conducido a preferir a nivel ministerial la intervención del ministerio de fomento.

En esta controversia no sólo está en juego la vapuleada marca España sino que velan por el buen éxito de la empresa del canal gigantescos intereses económicos relacionados con el futuro del comercio y el transporte marítimo internacional. La diplomacia se pone al servicio de las relaciones económicas internacionales.

Julio Vives

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