En diciembre se cumplirán ¡doce años! del primer anuncio de la tarjeta sanitaria única que hizo Celia Villalobos, entonces titular de Sanidad. Doce años en los que se han ido sucediendo gobiernos de distintas siglas. Doce años en los que, lejos de hacer lo coherente, se ha ido complicando más y más la existencia de los españoles para recibir un tratamiento sanitario y farmacéutico igual en todo el país. Doce años en los que a ninguno político que ha pasado por el ministerio que hoy ocupa usted, se le haya caído la cara de vergüenza por el hecho de que nada menos que a cuatro millones de españoles se les llame oficialmente «desplazados» -con las dramáticas connotaciones que tiene este calificativo- y se les obligue cada tres meses a renovar semejante título, a esperar turno en una consulta distinta -y por tanto marginal- y abarrotada para los desplazados, esa casta.
Doce años peregrinando con las recetas de farmacia en farmacia. Doce años, señora Ministra, esperando que alguien reconozca que la sanidad española la hemos pagado toda entre todos, que la empezaron a pagar nuestros padres y hasta nuestros abuelos y por tanto todos tenemos derecho a utilizarla en igualdad de condiciones en cualquier rincón del estado español.
Hace doce años, tras el disparate del troceo sanitario de España que daba derechos a las CCAA en la misma medida que se los quitaba a los ciudadanos en este sentido, se habló por primera vez de solucionar un problema que es infinitamente más grave de lo que puede parecer. Pero no se hizo nada.
Llegó después La Ley de Cohesión y Calidad de 2003 que fijaba algo tan elemental como que los ciudadanos tienen derecho a recibir en cualquier comunidad autónoma asistencia en las mismas condiciones que en la suya de residencia. Fue mentira. No se hizo nada.
Después el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero vuelve a regular la tarjeta sanitaria individual -que sigue sin existir- y se afirma textualmente que «será individual emitida por cualquiera de las Administraciones sanitarias competentes, válida en todo el Sistema Nacional de Salud, y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente». También fue mentira. Tampoco se hizo nada.
Y ahora llega su Real Decreto que intenta poner orden -por tercera o cuarta vez- en este desmadre lleno de promesas incumplidas y que tiene la siguiente disposición adicional única: «Sustitución de tarjetas sanitarias individuales: El proceso de sustitución de las actuales tarjetas se llevará a cabo de forma progresiva, con motivo de su renovación por cualquier causa o de nuevas emisiones, debiendo estar finalizado antes de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto, siempre que las disponibilidades presupuestarias de las diferentes administraciones públicas competentes lo permitan».
Pues tampoco es verdad, no se está haciendo absolutamente nada de eso señora Ministra y no sólo no se está haciendo nada, sino que todo parece indicar que no hay ninguna prisa por hacerlo porque en las CCAA ni siquiera saben muy bien ni lo que tienen que hacer ni cómo hacerlo.
Y mientras, los «desplazados», esa casta, yendo y viniendo con el lío de las recetas, de los papeleos que tienen que renovar cada poco, con la inseguridad de que sólo se pueden poner enfermos graves para entrar por urgencias. No es ni justo ni lógico, señora Ministra y lo peor es que ya ni nos creemos que esta vez se haga algo: ¿por qué si llevan doce años engañándonos?
Permítame una sugerencia tan sencilla como improbable: admitamos el plazo de 5 años que su Ley propone -que ya es admitir- para la nueva tarjeta; pero hasta entonces aprueben por decreto la validez real -no teórica- de las actuales tarjetas para todos el territorio español, incluidos los traslados, las farmacias y la asistencia primaria. No me parece tan difícil, se puede redactar en un fin de semana y va a facilitar un poco más la vida a cuatro millones de españoles. Piénselo. Doce años engañándonos son demasiados años.
Andrés Aberasturi