De aprobarse el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que tiene previsto el gobierno, los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública. La medida ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de ‘kale borroka’ y según se dijo en su momento los resultados fueron espectaculares. Entonces se vio claro que si los destrozos en el mobiliario urbano los pagaba la administración los cachorros de ETA se ponían las botas, pero la cosa cambiaba y mucho cuando eran los progenitores los encargados de pagar la factura.
Sin embargo en esto como en otras tantas cosas se deberá afinar bien para que no paguen justos por pecadores. Hace años el hijo de una amiga mía que vive en Bilbao se vio envuelto en un episodio muy desagradable que la Justicia aún no ha resuelto. El chico había salido con sus amigos a tomar tranquilamente unas copas, cuando ¡por azar!, se encontró con un grupo de exaltados que estaban quemando contenedores. Minutos después llegó la Ertzaintza y los alborotadores se dieron rápidamente a la fuga. El chaval y sus amigos, como no tenían nada que temer, se quedaron allí y de nada sirvió que insistieran en que ellos no eran los autores de los hechos. Terminaron detenidos y aún hoy, varios años después, la cosa sigue en los tribunales porque les han pasado a sus padres las facturas de los destrozos del mobiliario urbano.
Se prevén multas para quienes participen en un escrache o se manifiesten sin permiso en el Congreso
El anteproyecto que sustituirá a la polémica Ley Corcuera tiene un total de 55 artículos y se prevén multas de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso en el Congreso, insulten a la Policía o graben y difundan imágenes de la fuerza de seguridad... También se penalizará a quienes contraten los servicios una prostituta en espacios públicos próximos a los colegios, se penalizará las llamadas cundas o taxis de la droga, y multarán a los vehículos que taponen la vía pública entre otras cuestiones.
Lógicamente la reacción ha sido inmediata y las críticas de grueso calado. Para los socialistas, que en su día aprobaron la llamada ley de la patada en la puerta ¡la paja y la viga! Este nuevo texto nace del miedo del gobierno a la movilización ciudadana e incluso señalan que es «un proyecto de represión ciudadana» propio de regímenes no democráticos. Precisamente por eso habrá que afinar muy bien y antes de que la ley vea la luz deberán limarse algunos aspectos que no arrollen las libertades propias de un estado de derecho.
Hay que recordar la polémica ejecución de la llamada Ley Corcuera que permitía el acceso a domicilios privados por parte de la Policía si había «sospecha» de que se estaba cometiendo un delito e incluía la obligación de llevar el «Documento Nacional de Identidad» y la posibilidad de ser «retenido» sin presencia de abogado en caso contrario.
El artículo 21.2 es el más polémico de esa ley, relativo a la entrada en los domicilios sin autorización judicial, fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional y el ministro Corcuera se vio obligado a dimitir. La oposición ya ha advertido que esta ley puede terminar ante el Tribunal Constitucional y si la historia se repite el ministro del Interior puede poner sus barbas a remojar. La política y las patadas … entre unos y otros deberían ser incompatibles.
Esther Esteban