La condición de víctima no permite dirigir la política antiterrorista. Su razón, sus derechos, limitan con la soberanía del Congreso de los Diputados y la letra de la ley. Es al Gobierno legítimo de España a quien corresponde en exclusiva dirigir la política antiterrorista y al Parlamento legislar sobre estos extremos. La condición de víctima del terrorismo lleva implícito el derecho al respeto por su dolor y por su pérdida; también la atención debida de las instituciones del estado para paliar en lo posible su dolor y para satisfacer con criterio generoso las indemnizaciones que no cobraran de los asesinos de sus deudos.
Durante mucho tiempo, el PP en la oposición utilizó a las víctimas como arma arrojadiza contra las políticas del gobierno socialista. Entonces víctimas y dirigentes del PP jaleaban eslóganes contra lo que consideraban «traiciones» del gobierno de Zapatero. Por no hablar del entusiasmo con el que José María Aznar pactó con J P Ramírez y con el juez Baltasar Garzón el derribo del gobierno de Felipe González por la misma guerra sucia que se había practicado cuando Manuel Fraga Iribarne, Rodolfo Marín Villa o Ibañez Freire habían sido ministros de Gobernación. No se utilizó la microcirugía para buscar responsabilidades en todos los que habían amparado o consentido esa guerra sucia. Se utilizó como instrumento político para ocupar La Moncloa.
La condición de víctima del terrorismo lleva implícito el derecho al respeto por su dolor y por su pérdida
En esa simbiosis entre víctimas y dirigentes políticos conservadores para utilizar la política antiterrorista como arma política, también se alimentó la existencia de pactos ocultos mediante los cuales el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional habrían claudicado, por motivos políticos calificados de inconfesables, para legalizar a las organizaciones abertzales que hoy están en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco y dirigiendo ayuntamientos.
Cada institución del estado ha recibido un trato acorde con la coincidencia o no de sus decisiones con las exigencias de las víctimas. Y en ese tránsito, los más altos tribunales españoles eran ejemplares cuando aplicaban y legalizaban la ‘doctrina Parot’ mientras el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es demonizar por tumbar ese atajo de la ley que se inventó para que los más execrables criminales salieran de la cárcel al cumplir las penas establecidas.
Ayer el PP recibió una dosis de la medicina que ha estado elaborando durante mucho tiempo en torno al dolor legitimo y comprensible de las víctimas y las políticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos socialistas para combatir el terrorismo.
El respeto a las víctimas tiene dos patas complementarias e ineludibles. La primera es la atención, la consideración y un diálogo permanente con ellas para conocer sus sentimientos y sus anhelos. Pero la segunda pata y no menos importante, es abstenerse de generar expectativas imposibles y, menos aún, agitar ese dolor y esa ira legítimos para erosionar al Gobierno que decide y aplica lo que mejor considera para el final del terrorismo.
La causa de esta ira contra el PP, manifestada en la protesta de ayer, ha sido la ejecución de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y la diligencia con la que gobierno y Audiencia Nacional se han apresurado a aplica esa resolución que beneficia a criminales no arrepentidos que, de acuerdo con la sentencia, cumplían un añadido a su sentencia con una detención que ha sido considerada ilegal.
Y una vez más el PP ha querido compaginar su presencia en el Gobierno y su participación en la manifestación de las víctimas del terrorismo. Ha salido escaldado.
No es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Y mucho menos en el caso del PP. Demonizar el papel de ponente de un magistrado designado por el Gobierno de Zapatero, como miembro de Tribunal de Estrasburgo, ha formado parte del coro político y mediático del PP. En la línea ya agotada de culpar a Zapatero de todo lo que ocurre en España y que el PP no es capaz de enderezar.
El PP no ha descubierto todavía la exigencia de desarrollar una pedagogía política para explicar las claves de un estado de Derecho. En el caso que nos ocupa, la imagen más clara para esa pedagogía es, sin duda, la diferencia entre los demócratas y los terroristas. Y radica, exactamente en el orgullo de respetar el estado de derecho en aquellas normas más dolorosas que son las que favorecen a los terroristas.
Estrella Digital respeta y promueve la libertad de prensa y de expresión. Las opiniones de los columnistas son libres y propias y no tienen que ser necesariamente compartidas por la línea editorial del periódico.
Carlos Carnicero