Miles de personas –los convocantes elevaron la participación a 200.000– se han manifestado en la plaza de Colón de Madrid bajo el lema ‘Justicia para un final con vencedores y vencidos’. También reclamaron que no se acate el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la controvertida ‘doctrina Parot’. En el ambiente pesaba la aplicación de los mismos beneficios penitenciarios al autor de un asesinato que al de veinte. El dolor de las víctimas es comprensible.
La realidad es que desde Estrasburgo se ha prohibido la aplicación de la ‘doctrina Parot’ a los terroristas que desde hace largos años cumplen condena de prisión, por considerar que se ha aplicado la ley a numerosos etarras con efectos retroactivos. En otras palabras, habrían sido condenados cuando la reforma legislativa no estaba en vigor.
La democracia ya venció a ETA y lo que cuenta ahora es la última palabra del TEDH
Isabel San Sebastián, la periodista que presentó el acto multitudinario, aseguró en presencia de destacados dirigentes del partido del Gobierno -entre ellos Javier Arenas, Carlos Floriano y Esperanza Aguirre– que «todo lo que está pasando huele a negociación con ETA». En un clima así es fácil alimentar ciertos instintos, del mismo modo que es difícil explicar la situación creada, fruto de una sentencia controvertida y de una no menos controvertida doctrina del Tribunal Supremo, avalada por el Tribunal Constitucional. En la concentración, en todo caso, no hubo ataques ni al Gobierno ni a los tribunales españoles.
¿Conclusión? La democracia ya venció a ETA y lo que cuenta ahora es la última palabra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque hay juristas, como Alfonso Villagómez, que consideran que el Tribunal de Estrasburgo ha confundido la pena impuesta con su cumplimiento, ya que no puede afirmarse que la «pena» se haya hecho más severa de lo que era cuando se impuso, porque la cuestión es la forma de ejecutarse la condena legalmente dictada. De todas formas, la legislación española sigue siendo clara en varios aspectos que viene al caso recordar: la abolición absoluta de la pena de muerte no admite excepciones y la cadena perpetua no significa más de 30 años de reclusión.
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José Luis Gómez