Me niego rotundamente ni siquiera a especular sobre un posible pacto no escrito entre los partidos para que el Poder Judicial -pongamos nombre: el Tribunal Supremo- colabore de alguna manera en la muy difícil tarea de diluir en la medida de lo posible la corrupción que todo el mundo ve en el seno del PP y el PSOE. Ya sé que sólo con escribir esto me estoy contradiciendo, que si realmente no quisiera especular, ni tan siquiera tocaría el tema porque hacerlo es alimentar al monstruo. Intento comprenderme y tal vez mi negativa sea más ese deseo colectivo y cada vez más necesario que tenemos todos de creer en la Justicia cuando el resto de los poderes se resquebraja entre cifras millonarias que esconden facturas falsas, dobles contabilidades, EREs a la medida de los míos, etc.
No creo realmente que tal pacto exista; ni siquiera creo que pudiera existir porque parece imposible un contubernio de tal envergadura. Pero admitida la imposibilidad, reclamemos al menos el derecho al asombro después de las tres sentencias del Supremo en los casos, Blanco, Barcina y Matas, tan parecidos, tan seguidos, tan rápidos. Y es verdad que hay que tener muy clara la diferencia entre el delito y la inmoralidad, entre la Ley y la ética. Por eso precisamente una sociedad tan reglamentada y tan garantista como la nuestra debería contar con los recursos suficientes para que esa frontera no se pudiera burlar por una casta que se considera intocable incluso con el visto bueno de la Ley.
Reclamemos al menos el derecho al asombro después de las tres sentencias del Supremo en los casos, Blanco, Barcina y Matas
Según la lectura de las sentencias, uno deduce que Blanco efectivamente presionó pero poco, que Barcina efectivamente cobró pero no por su cargo político y que Jaume Matas efectivamente traficó con influencias pero ni prevaricó ni malversó. ¿Y entonces qué? Porque resulta que todos ellos ahora, y naturalmente sus valedores, muestran la sentencia como el triunfo de la verdad sobre la infamia. ¿Quiere decir que desde ahora los ministros pueden reunirse en bares de gasolineras para despachar con amigos y presionar siempre que presionen poco? ¿Quiere decir que el alcalde o la alcaldesa de una ciudad puede cobrar unas dietas escandalosas de una caja de ahorros siempre que nos las cobre como alcaldesa? ¿Quiere decir que el presidente de una comunidad puede contratar a palmeros de su gestión?
Es en este punto donde se hace más que necesaria o una nueva legislación para los partidos o una regulación no ya de lo que es legal o no sino de lo que puede ser admisible por una sociedad que aspira a ser honrada y que justo para garantizar esa honradez confía y deposita su poder -el único real en una democracia- en unos entes llamados partidos políticos.
Algo está fallando; no pueden ocurrir tantas cosas sin que nada tenga consecuencias o, lo que aun es peor, si las consecuencias pueden ser aun más catastróficas. Algo falla cuando toda la sociedad repudia unos comportamientos y ni los políticos ni los jueces quieren o pueden poner fin al escándalo. Entro lo que prescribe y ya no cuenta y lo que puede ser feo pero no delito, estamos deslizándonos hacia un callejón excesivamente peligroso.
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Andrés Aberasturi