lunes, diciembre 5, 2022

Maquinación para robar la vida de las personas

El reciente suicidio de un anciano en Pontevedra, estafado y arruinado por las Obligaciones Subordinadas de una caja nacionalizada y bajo el control del Gobierno, no habrá de caer sobre la conciencia de quienes tramaron, ejecutaron, consintieron y consagraron el despojo de los bienes de un millón de familias españolas, pues esos malhechores carecen enteramente de ella. No pertenecen al género de los bandidos sentimentales que se tatúan, en el brazo o en el pecho, el clásico «amor de madre» o el nombre de la que un día les rompió el corazón, ni al de los que sudan y tiemblan antes del atraco por si les sale mal, ni al de los arrojados al delito por la droga o por la mala estrella de haber venido al mundo y criarse en el arroyo, sino al de los nacidos de la helada cópula entre lo peor de la política y de la banca.

Las querellas contra Bankia apuntan indiciariamente a la comisión de media docena de delitos execrables

El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, una vez desmontada exquisitamente la oposición de la Fiscalía a admitir a trámite, junto al procedimiento que se sigue contra Bankia, las querellas por la estafa de las Preferentes, abre la vía que a las víctimas se les había negado hasta el momento, la que conduce a la imputación, procesamiento y eventual castigo de quienes han perpetrado presumiblemente el mayor robo al pueblo español de la historia reciente. Porque eso, el término de la impunidad en uno de sus más señalados santuarios, también ha de servir no sólo a los que por la vía civil pugnan por recuperar lo que les sustrajeron, a menudo el producto del trabajo de toda una vida, sino a la sociedad española en su conjunto, reducida para siempre a la condición de rebaño de triunfar definitivamente y consolidarse ese brutal atentado a la seguridad jurídica de las personas.

Las querellas contra Bankia por la estafa que algunas de las Cajas integradas en ella perpetraron con la comercialización a particulares de productos indescifrables destinados a arrebatarles sus ahorros, apuntan indiciariamente a la comisión de media docena de delitos execrables: estafa, estafa de inversiones, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Hasta aquí se ha llegado por la codicia sin freno de la plutocracia, pero hay quienes, como el infortunado anciano de Pontevedra, que no han podido llegar para verlo.

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Rafael Torres

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