Se llamaba Alpha Pam, era senegalés, tenía 28 años y se encontraba enfermo, muy enfermo. Durante meses recorrió diversos centros de salud de Palma de Mallorca pidiendo que le atendieran, pero no le hicieron caso. Era un inmigrante en situación irregular, sin tarjeta sanitaria desde que un decreto ley de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud» se la arrebatara y le dejara a la intemperie. Al final consiguió que un médico cumpliera con su deber deontológico y le reconociera. Tenía tuberculosis y le mandó hacerse unas placas, unas placas que no podía pagar. Entró por Urgencias en el Hospital de Inca y le rechazaron por no tener tarjeta a pesar de que el maldito real decreto ley dice que los extranjeros en situación irregular deben ser atendidos en Urgencias hasta el alta médica si su situación es grave. Pero no lo hicieron. Era un 13 de abril. Ocho días después, Alpha Pam ya no existía, se murió.
Lamentablemente no será el último caso. En muchas autonomías -afortunadamente no en todas- se cumple a rajatabla este decreto ley que no sólo incumple toda la legislación sobre derechos humanos de un país que se considera un Estado Social de Derecho, sino que es inmoral y peligroso. Está provocando que muchos inmigrantes no se atrevan a acudir al hospital ni siquiera en casos de urgencia, está agravando la salud de muchos enfermos y está favoreciendo que personas con enfermedades transmisibles estén sin tratamiento. Es más, en las mismas Islas Baleares, tan espléndidas para tantas cosas, tan acogedoras casi siempre, han cobrado en Urgencias a muchos inmigrantes, en contra de la letra de la norma.
Esta desatención sanitaria que, insisto, no ocurre sólo en Baleares sino en muchas otras autonomías, esta denegación del derecho básico a la salud, que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que obliga al Gobierno español, esta desigualdad flagrante entre las personas que viven en España, es un crimen contra la humanidad.
Aunque a Alpha Pam ya no le servirá para nada una rectificación, las organizaciones de derechos humanos de Baleares han pedido medidas para que esta situación no vuelva a producirse: crear una tarjeta sanitaria solidaria para las personas que están en situación irregular; la asignación de un médico de familia para estos colectivos que permita un seguimiento adecuado de cada uno, que cesen las prácticas disuasorias en los centros públicos de salud y las prácticas prohibidas de cobrar en Urgencias. Y por supuesto, la derogación de un decreto-ley que, para garantizar la sostenibilidad de un sistema, ha provocado una muerte y muchas desatenciones a los más vulnerables. La familia es el colchón que está impidiendo un estallido social. La mayor parte de estos inmigrantes que vinieron llamados por nuestro elevado nivel de vida, no tienen familia ni apoyos ni colchones. Ni siquiera les reconocen el derecho a acudir a Urgencias. Y se mueren. Y nadie dimite ni pide perdón.
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Francisco Muro de Iscar