Rajoy dice, a través del plasma habitual de sus comparecencias políticas, que la economía crecerá ‘claramente’ en 2014 y que se creará empleo. Si esto es así, habrá terminado la peor fase de la crisis, aquella en la que la destrucción de empleo se ha cebado sobre el tejido económico español. Es, sin duda, una buena noticia. Ahora bien, es una noticia que conviene tomar con prudencia para que el exceso de expectativas no culmine en una serie de nuevas decepciones.
Desde hace más de cuatro años, cuando la crisis comenzó su andadura en forma de inaceptable ‘desaceleración’, los gobiernos han empeñado una y otra vez su palabra en comunicar la buena nueva del fin de las circunstancias adversas. Un error. La sociedad española está suficientemente concienciada sobre el terrible alcance de la situación y no necesita paños calientes, sino soluciones.
Debe despejarse con la misma rotundidad el siniestro fantasma de la corrupción y el alcance de la amnistía fiscal decretada
Es posible que las medidas de ajuste, la contención del déficit – a pesar de las divergencias con los datos – y las reformas emprendidas, tales como la del mercado laboral hayan contribuido al anuncio que ha hecho Mariano Rajoy de cambio de ciclo. Pero desde el inicio de la crisis sabemos que el alcance de ésta se mide en términos europeos y no sólo en los nacionales, de tal forma que para tener una verdadera visión optimista conviene que en el conjunto europeo – es decir, en la zona euro – la situación sea positiva y, la verdad, ni las condiciones que se discuten sobre Chipre ni la perspectiva italiana ayudan a confiar en el futuro.
Bienvenido sea, en cualquier caso, el optimismo del presidente ‘enlatado’. Queremos compartirlo y no vamos a actuar de aguafiestas. Ojalá sea cierto. Pero para ello debe despejarse con la misma rotundidad el siniestro fantasma de la corrupción, el alcance de la amnistía fiscal decretada y las responsabilidades que afectan a los dos partidos en la gestión de un clima de desconfianza ciudadana en la política que tiene también inevitables consecuencias en la economía.
Por último, es urgente despejar incógnitas también en cuanto al papel de las administraciones territoriales. El fantasma soberanista catalán retrae la confianza sobre la estabilidad española y debilita las oportunidades de nuestro país. Rajoy debe mantenerse firme pero también debe resolver con los mecanismos constitucionales adecuados este continuo vapuleo de la legalidad que se promueve desde la Generalidad, y sobre todo cuando cada vez es más evidente que detrás del presunto espíritu nacional no hay nada más que asuntos de contabilidad.
Editorial Estrella