Es llamativo, por lo pintoresco, el razonamiento de Yolanda Barcina, presidenta del gobierno regional de Navarra, en relación al dineral que se llevaba por asistir a las reuniones del consejo de Caja Navarra: «¡Pero si en aquél tiempo el que más ganaba era el obrero que hacía los alicatados!». En efecto, señora Barcina, el obrero que alicataba reunía, en aquél tiempo no tan lejano del ladrillo, un buen jornal, pero, por lo menos, alicataba, en tanto que usted y la corte de politicastros al arrimo de las Cajas de Ahorros, se lo llevaban crudo y sin despeinarse.
Se juntaban políticos, empresarios y sindicalistas durante un rato, hablaban del tiempo, firmaban lo que les echaran y se llevaban un pastón
La señora Barcina, así como su antecesor en el cargo, señor Sanz, han tenido a bien, ante el escándalo desatado por sus injustificadas retribuciones en Caja Navarra, devolver parte del dinero que tan muellemente de ella se llevaron, pero lo hacen intentando conciliar dos conceptos que en cualquier país civilizado serían contradictorios, pero que aquí, por lo visto, no: error y legalidad. Dicen que cobraron legalmente, pero que era un error que lo cobraran. Y eso, ¿cómo se come? La ley, por definición, no puede nacer del error, de lo equivocado, ni sustentarse en ello, a menos, claro, que la ley se fabrique expresamente para los beneficiarios del error y por ellos mismos. Y tal parece ser lo que ocurrió con las Cajas, no sólo con la de Navarra, que dejaron de cumplir una utilidad social para pasar a cumplir una utilidad exclusivamente política, o sea, para los políticos. Y así les fue y nos fue.
Sabemos, sobre todo desde que «los 33 de Bankia» han ido deponiendo ante el juez Andreu de la Audiencia Nacional, de qué iban las reuniones de los consejos de las Cajas: se juntaban políticos, empresarios y sindicalistas durante un rato, hablaban del tiempo, firmaban lo que les echaran y se llevaban un pastón. En la de Navarra, la de Sanz y Barcina, se dice que hacían hasta dos o tres reuniones seguidas, de pocos minutos cada una, para multiplicar el estipendio cobrando por cada una de ellas. Y sabemos, también, de quién era el dinero que se llevaban, de los ciudadanos, de los clientes, de los ahorradores, de los jubilados. Lo que todavía no sabemos es si Yolanda Barcina considerará que con la devolución de lo cobrado legalmente por error, o erróneamente por ley, queda en paz, o si, por el contrario y ya puesta, presentará su dimisión.
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Rafael Torres