El nombre de Luis Bárcenas no ha hecho más que abrir la caja de Pandora de los posibles nombres acogidos a la Declaración Tributaria Especial (DET) conocida por todos como la famosa amnistía fiscal. No hay caso de corrupción investigado en Justicia en el que no se pregunte si el investigado en cuestión forma parte de la conocida lista de amnistiados. Desde Urdangarin en el ‘caso Noós’ hasta el clan Pujol en los casos de corrupción de Cataluña.
Sin embargo, y aunque parezca incoherente con la futura Ley de Transparencia con la que se pretende dar ejemplaridad, el Gobierno de Rajoy se niega tajantemente a publicar los nombres de los amnistiados amparándose en la Constitución y en el artículo 95 de la Ley de Protección de Datos, que dice que la información de carácter reservado obtenida por la administración tributaria debe ser usada sólo para la gestión recomendada y por tanto – y así se excusaba el presidente del Gobierno este martes en el Senado- no puede ser cedida a terceros, salvo para colaborar en investigaciones y persecución de delitos.
Para luchar contra la corrupción hay que actuar desde la transparencia, y éste es un buen sitio por donde empezar
Bien es cierto que la necesidad de capital ha permitido que el Estado se embolse 1.200 millones de euros gracias a la amnistía y dadas las circunstancias económicas que sufrimos. Pero la cifra parece minúscula frente a los 40.000 millones que se han ‘legalizado’. Aun dando la razón a Rajoy en que esta tercera DET es un procedimiento «extraordinario, excepcional y limitado en el tiempo» para solucionar una papeleta económica «insostenible», no se puede tolerar que no se hagan públicos los nombres de todos aquellos políticos, empresarios o empresas con contratos públicos o relacionados directamente con la administración. Porque si pudieron sacar el dinero y patrimonio fuera, ¿quién me asegura que no han utilizado otra triquiñuela para ‘nacionalizarlo’?
El Gobierno alega que la amnistía no borra, ni limpia, ni encubre delitos y que sólo aflora rentas no declaradas pero de origen lícito. Pero tras los últimos casos -una, que cada vez deja más la ingenuidad para otros- no parece creíble. Y si, es más, el origen es lícito, ¿qué más da que conozcamos los nombres de esos políticos? ¿Qué es lo que todos temen y esconden?
La excusa de la anticonstitucionalidad, tampoco me vale. Como dice el senador del Grupo Mixto Jesús Iglesias, nadie pretende que el presidente del Gobierno incumpla la leyes, tan solo que las cambie para poder publicar los nombres, como ya ha hecho otras veces con el consenso socialista para amoldar nuestra legislación a las necesidades en un momento dado.
Y ahora, urge conocer los nombres. Tan sólo hay que mirar que la segunda preocupación de los españoles y tras el paro, es la corrupción política, con un 40%, según la encuesta publicada este mismo miércoles por el CIS. Si ahora no se da ejemplo de transparencia, que alguien me diga cuándo es el mejor momento. Señor Rajoy, por favor, no pierda esta oportunidad, y actúe para que sea posible la publicación de los políticos y empresarios con contratos públicos amnistiados. Para luchar contra la corrupción hay que actuar desde la transparencia, y éste es un buen sitio por donde empezar y demostrar sus nítidas intenciones.
Patricia Vico – en Twitter @pativico– Estrella Digital
Patricia Vico