El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el esperado decreto-ley impulsado por el Gobierno del Partido Popular y que recoge 50 medidas para favorecer el empleo juvenil, la financiación de pymes y autónomos y el emprendizaje mediante una batería de apoyos fiscales. Gracias a ellas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera crear unos 30.000 empleos adicionales bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hasta 2016.
Sin embargo, la lectura detenida del nuevo decreto-ley evidencia la total ausencia de medidas de impacto o estructurales. Todo apunta a que el Gobierno se contenta con disfrazar la tasa de paro durante unos meses gracias a la previsible avalancha de jóvenes autónomos animados por la llamada “tarifa plana” y a las escasas ayudas destinadas a la contratación que animarán tímidamente un mercado laboral devastado por la crisis. ¿Y después? Una vez pasado el efecto, mucho me temo que volveremos a la actual situación.
En este sentido, me sorprende poderosamente que el Ejecutivo aún no visualice que el desempleo no es un problema estrictamente juvenil pues afecta a todas las edades. ¿Por qué limitar al colectivo menor de 30 años en hombres y 35 en mujeres la reducción en el pago de las cotizaciones sociales que deben afrontar todos los autónomos? A principios de febrero, la ministra Báñez afirmó, públicamente, que entre sus prioridades se encontraba “la promoción de iguales oportunidades para todos”. ¿Conceder ventajas fiscales a los jóvenes y dejar en la estacada al resto es la igualdad de oportunidades? Curiosa manera de entender este concepto.
Es un sinsentido ayudar a las nuevas empresas mientras no se mueve un dedo por evitar que las existentes cesen en su actividad
El presidente Mariano Rajoy y sus ministros han de comprender que con parches y contradicciones no vamos a salir del agujero. Es absurdo reducir el Impuesto de Sociedades o los costes de contratación tras haber subido el IVA a un disparatado 21 % como también lo es que la oposición socialista critique esto cuando ellos lo elevaron del 16 al 18 % en 2011. Es ilógico asegurar que se va a reducir la infernal burocracia cuando se suman tres nuevos modelos de contrato a los más de ochenta ya existentes. Es cínico proclamar que se apuesta por el empleo de calidad y se promueve la variante hispana del nefasto minijob alemán –sobre el cual, por cierto, escribí la semana pasada–. Es un sinsentido ayudar a las nuevas empresas mientras no se mueve un dedo por evitar que las existentes cesen en su actividad. Y me detengo aquí por no aburrir al lector con más ejemplos que conoce perfectamente.
Lo he dicho por activa y por pasiva en esta columna semanal. Si el ejecutivo quiere realmente que España salga del atolladero en el que se encuentra, tiene que plantearse la aplicación de medidas estructurales concretas, a saber, subir los salarios a niveles europeos, reducir los costes sociales, simplificar la contratación, reducir la jornada laboral e implantar el despido libre indemnizado. Así es como otros países de nuestro entorno –y dirijo mi mirada a Francia– están capeando el temporal. Publicar cincuenta, cien o mil medidas superficiales y temporales en el BOE no es más que un brindis al sol porque su efectividad será nula. Tiempo al tiempo.
Gorka Labarga-Estrella Digital
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