El alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, ha tirado por fin la toalla, tras una semana de intensas presiones de su partido. Se ha ido con lágrimas en los ojos y despotricando contra sus antiguos compañeros de militancia. El cargo debía ser muy goloso cuando que ha hecho falta más que agua y jabón para despegarlo del sillón municipal. Solo la pérdida del apoyo del BNG, cuyo concejal está implicado también en la misma trama de corrupción y dimitió nada más abandonar el juzgado, ha obligado a Rodríguez a dejar el cargo.
La presunción de inocencia no la pierde nadie en un Estado de Derecho y solo la condena tras un juicio declara la culpabilidad de un imputado, pero a la clase política de este país, tan desprestigiada ante la ciudadanía, se le debería exigir, incluso como norma, que ante una imputación de corrupción en el ejercicio de su cargo dimitieran de forma inmediata hasta que se aclare su situación procesal.
Demasiadas patéticas y conmovedoras declaraciones de inocencia, que luego no ha corroborado la Justicia, hacen necesaria esta higiene preventiva para que la dignidad de los altos cargos no siga la senda cuesta abajo en el favor de los españoles. Los manifestantes del 25- S portaban pancartas con el lema de «Fuera todos», lo que refleja un deterioro de la democracia y una invitación al populismo.
En cualquier caso, a poco más de veinte días para la celebración de los comicios gallegos, este escándalo es lo que le faltaba a los socialistas gallegos que llegan a la campaña con el partido dividido y un líder que no suscita muchos entusiasmos. El anticipo electoral les ha privado de celebrar unas primarias para elegir candidato y ha cerrado las puertas al desembarco de ex ministros que aspiraban a la presidencia de la Xunta. Uno de ellos, Pepe Blanco, tiene todavía pendiente en el Supremo su caso particular.
Solo el riesgo de que Mario Conde le reste votos a Feijoo impedirá que éste repita con mayoría absoluta y siga al frente de Galicia otros cuatro años; dándole a Rajoy la única satisfacción desde que llegó a la Moncloa. En caso de que perdiera por los votos huidos hacia el ex banquero, sería patético que un condenado por apropiarse de dinero ajeno, que no ha devuelto ni piensa hacerlo, se convierta en el árbitro de la política gallega.
Pero al PSDG no se le acaban los problemas en Ourense; el regidor de Lugo ha pedido urgentemente declarar ante el juez tras ser detenido Francisco Fernández Linares, el que fue su mano derecha durante nueve años, en la misma operación de tráfico de influencias y prevaricación.
Lo dicho, los aspirantes a los altos cargos tiene que llegar con las manos limpias y dejar el sillón sin mácula. No valen políticamente las presunciones de inocencia para representar a los ciudadanos y cuidar la hacienda pública. Solo el ejercicio de autocontrol y exigencia de moralidad de la clase política servirá para recuperar la confianza de los votantes.
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Victoria Lafora