La capital de España se ha convertido muy a su pesar en el manifestódromo general. Una cifra da idea de que a este punto es así. En lo que va de año se han desarrollado por las calles de Madrid más de 2.000 manifestaciones. No todas han acabado con actos violentos, aunque sí muchas, demasiadas, con policías heridos y destrozos del mobiliario urbano. Pero, desde luego, todas han roto la vida normal de los ciudadanos, los turistas, los comercios, los transportes… Ya el que una manifestación no acabe mal es acreedora de un titular. Por supuesto, está mal visto quejarse de este continuo entorpecimiento de la vida de los madrileños. Todo el mundo debe decir que el derecho a la manifestación está ahí y que las razones para hacerlo son múltiples. Nadie piensa en el derecho de la mayoría de llegar a su trabajo, de abrir con normalidad su comercio, su negocio o su taxi o simplemente su derecho a pasear por la ciudad.
Las manifestaciones de ayer, algunas de las cuales empezaron por convocar a «ocupar el Congreso de los Diputados» y que después han cambiado su lema por el «rodear el Congreso», son un buen ejemplo de cómo unos cuantos consiguen cambiar la vida del resto. No sólo 1.300 policías se dedicaron a impedir disturbios y que se cometiera el delito de acercarse ni siquiera al centro de la soberanía popular, por lo que no estaban en otro sitio, sino que hubo que cambiar hasta 37 rutas de autobuses, además de los cortes de tráfico en todo el centro de Madrid. Eso sin hablar del coste que nos ha supuesto a todos el despliegue y los perjuicios para muchas actividades y comercios.
Creo que estamos perdiendo el norte de lo que debe ser una protesta legítima contra las políticas de un gobierno o lo que se considera un recorte de los derechos. Más de 2.000 manifestaciones y todo lo que llevan consigo y tan sólo en ocho meses, es otra cosa. España no está precisamente para estas movilizaciones diarias y no debería dar esta imagen de disturbios permanentes, cuando la mayoría lo que quiere es que los políticos elegidos democráticamente den soluciones a los problemas. La democracia tiene sus tiempos y los ciudadanos valorarán en tiempo y forma qué hacer si no se cumplen las expectativas. Protestar sí, pero entorpecer continuamente la vida de ciudadanos, trabajadores y empresas no nos hará salir antes de la crisis sino todo lo contrario.
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Carmen Tomás