lunes, febrero 6, 2023

La ley y la trampa

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En nuestro país hay al menos 200.000 personas que utilizan tarjetas sanitarias como pensionistas cuando no lo son. El fraude denunciado por la ministra Ana Mato es, seguramente, uno más de los muchos que se producen en la utilización de servicios públicos, pero llama la atención no solo por el hecho de que estos ciudadanos lleven años sin pagar ni un euro por las medicinas que consumen -aunque  están en activo- sino porque haya pasado desapercibido hasta que se han cruzado los datos con Hacienda para establecer el copago. Resulta increíble que se hayan detectado 800.000 tarjetas sanitarias con datos incorrectos, aunque hayan sido 200.000 los ciudadanos que se han aprovechado de ello.

Hasta ahora era un secreto a voces que muchos pensionistas proveían de medicamentos a toda su familia aprovechando la gratuidad de los mismos para ese sector de la población, pero todos mirábamos hacia otro lado. Es verdad que los médicos de familia deberían controlar si las recetas se corresponden con las necesidades de los pacientes, pero teniendo en cuenta la cantidad de enfermos que ven cada día y las largas colas de espera que atienden, no es achacable a ellos en absoluto la falta de control en este tipo de fraude. Los ciudadanos, al igual que pedimos a los políticos que tengan una acción ejemplar y ejemplarizante y nos escandalizamos cada vez que uno de ellos sale en los periódicos relacionado con un caso de corrupción, deberíamos ser ejemplares en nuestra conducta y no lo somos cuando realizamos o aceptamos este tipo de fraude con el dinero de todos.

Desde siempre se ha dicho que España es el país de la picaresca y muchos simpatizan con el refrán popular de que hecha la ley, hecha la trampa, pero en tiempos de dificultad todos debemos de interiorizar que el dinero publico es sagrado y lo que nosotros no pagamos o defraudamos, lo pagan los demás. Se puede decir y es verdad que esto es un fraude menor que los grandes defraudadores son los poderosos de las élites más privilegiadas y que las grandes bolsas de fraude se encuentran en quienes amasan grandes fortunas. Eso, sin embargo, no es excusa para que los ciudadanos de a pie no cumplamos con nuestras obligaciones porque el mayor fraude de todos es pensar que el gratis total existe o que el dinero público no es de nadie como afirmó en su día una ministra de Zapatero, aunque algunos se empeñen en defenderlo así.

Sea como fuere, los 45 millones de usuarios de la sanidad publica ya estamos contabilizados en la base de datos, lo que significa que se nos ha asignado el código y el color que indica cuánto deberemos pagar a partir de ahora por los fármacos en aplicación del famoso copago y de acuerdo con nuestros ingresos. De ello solo se libraran, según ha afirmado el Gobierno, los parados que no reciben prestación y las personas con pensiones mínimas o no contributivas. Ahora se admiten apuestas de cuánto tardarán en aparecer nuevas formas de fraude para evitar la medida. ¡País que país!

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Esther Esteban

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