El Tribunal Constitucional legaliza Sortu y el Gobierno sobreactúa. Los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández y Alberto Ruiz-Gallardón, se golpean en el pecho; están muy disgustados: muestran “claramente” su “discrepancia” con el fallo. En cuestión de unos días, todo esto quedará en nada. Es un guiño al fondo ultra, a ese sector de sus bases que se creyeron que era Zapatero quien legalizaba a Batasuna y que no acaban de entender cómo es posible que Rajoy, con una mayoría más que absoluta, no puede hacer ahora nada para evitarlo. La contradicción es evidente, hasta para el votante conservador más entregado: o mentía el PP antes, o miente ahora.
La realidad es bastante obvia. Un sector del Gobierno de Rajoy hubiese preferido que Sortu siguiese ilegalizada por una cuestión simbólica: para qué remover esa sentencia si en la práctica la izquierda abertzale ya se presenta a las elecciones. Sin embargo, ni el Gobierno pensaba hacer nada contra las siglas abertzales legales –a pesar de los constantes llamamientos de Rosa Díez, que quiere explotar electoralmente este hueco que deja el PP–, ni tampoco hará ahora nada contra Sortu.
El PP (el de la calle Génova y mucho más el de Euskadi) es consciente del éxito democrático que supone el escenario en el que nos encontramos. ETA está derrotada y en proceso de desguace; por eso el Gobierno está retirando ya gran parte de las escoltas. Amaiur lleva seis meses en el Congreso y en el Senado, Bildu está desde hace un año en los ayuntamientos y han pasado más de dos desde el último atentado. La kale borroka también ha desaparecido salvo algunos escasos incidentes que condenó la propia izquierda abertzale. El Estado ni se ha rendido ni ha entregado prenda alguna. Toda la izquierda abertzale condena la violencia y defiende utilizar exclusivamente los métodos democráticos; las urnas, en vez de las pistolas y las bombas. De eso se trataba.
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Ignacio Escolar