Un día después de que la sociedad española recordase con un calambre el 25 aniversario de la peor matanza de ETA, el Tribunal Constitucional dictaba una sentencia histórica que legalizaba a Sortu, formación previamente ilegalizada por el Tribunal Supremo por considerarla vinculada a la banda terrorista. Nada tienen que ver los dos acontecimientos, salvo que nos permiten observar lo que hemos avanzado en este cuarto de siglo en la lucha contra la violencia terrorista. Si entonces los atentados constataban con una cadencia insoportable la fiereza de los terroristas y la vileza de quienes les apoyaban, hoy, con una ETA amortizada, lo que han discutido los magistrados del más alto tribunal es si la voluntad de desmarcarse de todo tipo de violencia de la izquierda abertzale, contenida en los estatutos de Sortu, pesaba más que la sospecha que sostuvo el Supremo de que era una proclamación «cosmética y retórica».
La ajustada votación del Supremo favorable a la ilegalización ha tenido su réplica en otra apretada votación para resolver su legalización, un hecho que deja patente que el recelo y la desconfianza sobre estas sucesivas marcas de la izquierda abertzale permanecen instalados en la sociedad y también, cómo no, en los tribunales. Pero lo que ha venido a decir el Constitucional es que el recelo sobre lo que pueda pasar no puede prevalecer sobre la evidencia de lo que pasa, y que dejar fuera de la ley a un partido nuevo con unos estatutos limpios que se desmarcan de la violencia es una especie de ilegalización preventiva que vulnera la libertad de creación de partidos contemplada en la Constitución.
No obstante, el Tribunal Constitucional establece un catálogo de situaciones que podrían provocar una ilegalización sobrevenida, una herramienta fundamental para combatir ese posible engaño del que recelaba el Supremo. En los meses en los que se ha fraguado esta sentencia, la izquierda abertzale ha regresado a las instituciones a través de Bildu y Amaiur, que también han hecho una apuesta formal por desmarcarse de la violencia. Ahora toca controlarlos, como a cualquier otra formación política, con la ley en la mano y con esta nueva sentencia del Constitucional que consagra las reglas del juego democrático. Si ellos las respetan estaremos dando un nuevo paso hacia el fin de la violencia, impensable cuando ETA en su locura criminal dejó un coche bomba en el garaje de Hipercor hace 25 años.
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Isaías Lafuente