Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene una característica por encima de cualquier otra y es que nunca pasa inadvertida. Nunca sus declaraciones resultan indiferentes ni sus propuestas invisibles. En esta ocasión, y una vez detectado que el déficit de Madrid ha resultado ser superior a lo pensado inicialmente, la presidenta se ha puesto manos a la obra y después de no pocos y nada fáciles debates internos, finalmente ha presentado su propuesta de ahorro. No deja títere con cabeza y afecta de manera directa y sustancial a los sueldos públicos que los rebajará en una media del 3,3%. Quienes lo más lo van a notar son aquellos cargos que cobraban además por ser diputados.
Antes que Aguirre, fue Zapatero quien bajó los sueldos públicos y antes lo han hecho otras autonomías como Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña. Hasta aquí nada nuevo. Pero Esperanza Aguirre, nunca inadvertida, ha dado un paso más y propone rebajar el número de diputados del Parlamento madrileño. En la actualidad son 129 y propone Aguirre rebajar el número de electos a un total de 65.
Sin duda, esta ha sido la propuesta novedosa de Esperanza Aguirre. Es una propuesta de futuro porque la medida, para ser aplicada, debe ser aprobada por una mayoría cualificada de la que no dispone el PP y, en todo caso, sería de aplicación para la próxima legislatura. Tomás Gómez, jefe de la oposición en la comunidad de Madrid, dice que es una cortina de humo de Aguirre. La opinión es tan respetable como sorprendente porque Aguirre, en este punto, no está por los fuegos artificiales y que nadie dude de que si lo ha propuesto es con la intención de llevarlo a la práctica. En el fondo, Tomás Gómez lo sabe.
En todo caso, lo que sí es seguro es que Esperanza Aguirre ha suscitado el debate. Un debate oportuno y necesario. Puestos a poner racionalidad hay que preguntarse si son necesarios tantos electos, no ya en Madrid, sino en todas y cada una de las autonomías. ¿Son necesarios 45 electos para una autonomía como, por ejemplo, la asturiana? ¿Se verían dañados los derechos de los madrileños si se rebajara el número de elegibles? ¿Se resentiría la democracia si los parlamentos autonómicos estuvieran menos poblados? Son cuestiones que hay que abordar una vez que todos parecen haber tomado conciencia de que nuestro Estado -las autonomías lo son- tiene unas dimensiones desproporcionadas en relación a la población.
No faltarán quienes pongan por delante su negativa rotunda a una reflexión que tarde o temprano habrá que abordar, alegando que atenta al autogobierno. Este argumento es el único que no se puede esgrimir para afear o desechar la propuesta de Esperanza Aguirre que merece, cuando menos, ser tomada en consideración y no solo por la Comunidad de Madrid, sino por el conjunto de las autonomías.
Ya antes de comenzar a pensar, lo que sí es seguro es que de salir adelante la propuesta de reducción de electos sería un contratiempo para los partidos políticos. El poder elaborar amplias listas electorales es un mecanismo utilizado para sancionar al que no gusta y premiar no tanto al que se lo merece como a quien se debe un favor. Los partidos se quedarían sin una herramienta de desahogos internos, pero ello no debería ser, en ningún caso, impedimento para abrir una reflexión que debe ir dirigida hacia la sostenibilidad del Estado y ello bajo una única condición y es que la reducción de electos atente al derecho de representatividad de los ciudadanos. Todos tenemos derecho a una alimentación digna y suficiente que garantice nuestra salud, pero para hacer valer este derecho no es necesario comer langosta.
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Charo Zarzalejos