Rajoy ha encontrado cómo blindar el dogma del equilibrio fiscal y fortalecer la imagen de probidad de su gobierno. Lo hace sabiendo que no puede fiarse ni de los suyos. El anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ata a políticos y administraciones a cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria y financiera impuestas por el gobierno para atajar la deuda pública y calmar a los mercados. La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.
La ley de transparencia que el gobierno abre a consulta pública es muy opaca. A las restricciones habituales –como la seguridad nacional, los intereses económicos o la privacidad- se une el blindaje de la información que pueda afectar a la política económica y financiera, no permite acceder a la información no administrativa (notas, informes, opiniones, etc.), deja fuera del derecho de acceso a la Casa Real y vuelve a frenar los derechos de los ciudadanos ante la muralla del silencio administrativo.
Eso sí, los bolsos de Vuitton, los trajes, los jamones y otros regalos propios del cohecho quedan a salvo bajo la permisividad de que no superen “los usos habituales, sociales o de cortesía”, por muy interesados que sean.
Bajo esta ley de transparencia los ciudadanos no ampliarán mucho sus derechos frente a un poder parapetado en excepciones y aferrado al silencio administrativo. Ni las administraciones a las que se reclama la información ni la Agencia Estatal de Transparencia ante la que se puede recurrir deben justificar sus decisiones. Silencio y punto. La ley es todavía más restrictiva que la que el gobierno de Zapatero no se atrevió a aprobar y no cumple los preceptos del Consejo de Europa, la base de las legislaciones europeas. Acces Info, la organización que defiende la transparencia, ya ha expresado su crítica.
Rajoy sabe de la larga lista de corrupciones y mala gestión de su propio partido y desconfía de la obediencia a la austeridad impuesta por su gobierno. Este proyecto de ley da al gobierno herramientas para atar corto a los políticos manirrotos sin garantizar la publicidad de la información y los actos públicos.
Un código de buen gobierno siempre ayudará a una política responsable, pero no debe confundir las urgencias y la ideología con la ética y la responsabilidad.
Juan Varela-Estrella Digital
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