En esta marea de despidos que asola el mercado laboral español hay algunos que no solo son muy procedentes si no que incluso llegan demasiado tarde. Son los casos de la exdirectora de la Caja del Mediterráneo, Dolores Amorós, y del expresidente de la SGAE, Teddy Bautista.
Ambos personajes, acusados de provocar el máximo quebranto en las dos entidades que estuvieron a su cargo, han recurrido, sin que se les caiga la cara de vergüenza, al juzgado de lo laboral para reclamar indemnizaciones millonarias por su despido.
Objeto de insultos y mofas, Dolores Amorós aguantó el «paseíllo» antes de entrar en el Juzgado de lo social de Alicante. Los gritos de «choriza» y «ladrona» no eran por su pretensión de cobrar una indemnización de diez millones de euros por su despido si no por el daño provocado a unos ahorradores. Indudablemente, la jugosa cuantía reclamada debió hacerle más tolerable el mal rato.
La gestión de Amorós, calificada por el Banco de España cuando intervino la entidad de «escandalosa», está siendo investigada también por la justicia ante las denuncias de estafa, delito societario y falsedad documental. Pero la exdirectora, sentada impávida ante el juez, no se conforma solo con la indemnización solicitada. Pide, además, que se le devuelva la pensión vitalicia de 356.497 euros que se asignó cuando estaba al frente de la CAM.
Individuos como estos, que vivieron al socaire de la riqueza del ladrillo en unos años en los que parecía que el milagro económico no iba a acabar nunca, son los que ahora pretenden que los perjudicados por su gestión les paguen, además, los platos rotos. La razón de esta desfachatez es que fue tanto su poder y tan escaso el control que debía haberse ejercido por los poderes públicos (en este caso el Banco de España) que llegaron a creerse intocables, por lo que se dedicaron a una obsesiva búsqueda del beneficio propio.
En el caso de Teddy Bautista la reclamación es más «humilde». Se conforma con un millón ochocientos mil euros de indemnización por haber tenido que renunciar a un cargo tan lucrativo como dirigir la Sociedad General de Autores. Conviene recordar que Bautista se vio obligado a dejar a su cargo tras ser detenido por la Guardia Civil después de un registro en la sede de la entidad; y que está en libertad provisional, acusado de administración indebida y de apropiación fraudulenta.
Estas osadas y chulescas reclamaciones de dinero deberían ser rechazadas fulminantemente por los juzgados de lo social, tan sobrecargados de trabajo con los juicios por despidos improcedentes de honrados ciudadanos a quien la crisis económica y la nueva legislación laboral ha puesto en la calle con veinte días de indemnización.
Cuando desde la patronal se está poniendo en cuestión la honorabilidad de los parados, instándoles a marcharse a Laponia en busca de un empleo o asegurando que solo encuentran trabajo cuando está a punto de finalizar su prestación por desempleo, la posibilidad de que un juez atienda las reclamaciones de los directivos corruptos provoca no solo indignación; crea alarma social.
Victoria Lafora