La noticia saltaba en la tarde de este lunes: doce países de la Unión Europea demandan “Un plan de crecimiento para Europa”. Para ello, han enviado una carta a los presidentes del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en la que afirman que la actual recesión se debe a “una crisis de crecimiento”. Al escrito se suman los Gobiernos de España, Italia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Finlandia, Polonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa y Suecia.
Es la primera vez, desde 2008, en que se alza una voz disonante con el discurso de la ortodoxia monetaria protagonizada por Angela Merkel y el hasta hace poco responsable del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet; como es natural, Alemania y su fiel seguidora Francia, no han firmado el escrito. Los doce remitentes no rechazan la machacona (e imprescindible) tarea de poner en orden las finanzas de cada país, pero –y en “el pero” reside la clave- ponen en primer término que nos encontramos en «una crisis de crecimiento» ya que Europa vive un momento “peligroso” con un crecimiento estancado o en recesión y un constante aumento del paro.
El terrible ejemplo griego
No me parece casual que Portugal y, sobre todo, Grecia no estén entre los firmantes; me temo que ambas bastante tienen con el ahogo que soportan. Especialmente dramático es el caso griego, un país sin futuro ni esperanza; una cuna de nuestra civilización cuyos ciudadanos se ven abocados a la indigencia aplastados por unas deudas de imposible pago. Cada ¿rescate? trae aparejado un nuevo recorte, una nueva subida del paro, una nueva huelga general, un mayor deterioro de la ya mermada economía doméstica, y solo sirve para pagar otro plazo de la deuda contraída. Tengo la impresión de que este funesto ejemplo ha pesado, y mucho, en los doce gobiernos y les ha obligado a desafiar la eterna receta alemana. En su carta no lo explicitan, pero parecen haber recuperado la memoria de que esta crisis no comenzó porque los sueldos fueran altos, ni porque se trabajara poco, sino por la ruina de una serie de entidades financieras. No parece casual, en este sentido, que el documento finalice con la propuesta de poner en marcha un sector de servicios financieros «fuerte, dinámico y competitivo» que apoye a las empresas y los ciudadanos. Para ello, indica, «deberían reducirse» las garantías de
rescate a las entidades financieras, pues distorsionan el mercado único, y que «los bancos, no los ciudadanos, deben ser los responsables de asumir los costes de los riesgos que asumen». Es decir, lo contrario a lo defendido durante cuatro años por Merkel.
Un derecho no es una subvención
Antes de terminar, un pequeño apunte: el señor José Luis Feito, guardián de las reformas en la CEOE, se ha pasado en su celo de funcionario de la patronal. Este ínclito ¿empresario? ha afirmado que en cualquier país de Europa si a alguien que está en paro se le ofrece un trabajo, lo acepta “aunque sea en Laponia”, y ha añadido que “la estructura del subsidio de paro en España es anómala y sin control sobre la colocación”.
Pues, no. El dinero que recibe quien se queda en paro no es un subsidio, ni una subvención, es una PRESTACIÓN, que se corresponde con el tiempo que cada trabajador ha cotizado, esto es, pagado, al serle detraído de su sueldo. Es suyo. Subsidio, o subvención es la cantidad que anualmente entrega el Gobierno –extraída de nuestros impuestos- a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para que afronte sus gastos como “agente social”, entre ellos, supongo, la retribución del señor Feito.
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Jaime Olmo Mitre