Los números de la actual coyuntura económica y social son escalofriantes, pero los de la impunidad que acompaña el caso de los niños robados en España hasta hace nada, también. Del cero de imputados por el robo a sus padres de 1.500 niños recién nacidos, que es el número plenamente acreditado de ese criminal despojo, al infinito que acarician los guarismos del paro: 5.273.600 trabajadores sin empleo a la altura del 31 de diciembre, dos o tres centenares de miles más ahora; 1.575.000 hogares en los que ninguno de sus componentes tiene trabajo; el 48,5 por ciento de los jóvenes sin ocupación remunerada, o, mirando a Andalucía, el 32 por ciento de su población activa condenada a la inactividad que mata o a la economía sumergida, de buscarse la vida en lo que sea y en las condiciones que sean, que también mata.
Que se hable de reforma laboral donde lo laboral prácticamente ya no existe (pregunten a los eméritos empresarios que se llevan el trabajo de los españoles a China), tiene delito, pero que se hable de justicia en un país donde el delito más monstruoso desde el punto de vista del derecho natural, el secuestro y la comercialización de recién nacidos, queda impune, señala una aberración social y moral, si cabe, más profunda. Aquellos traficantes de seres humanos (médicos, monjas, comadronas, celadores, funcionarios…) que tuvieran unos 30 años cuando perpetraron sus múltiples y horrendos delitos, tienen hoy unos 60, y están ahí, en todas partes, tan tranquilos, disfrutando de los réditos de su industria infame, seguros de que la justicia, o el simulacro de ella que suplanta ese nombre, no irá a buscarles, siquiera para que canten qué fue de aquellas criaturas a las que se arrebató la identidad, nada menos que la identidad, y el amor de sus familias.
Del cero al infinito, del cero a la justicia, encarnada hoy en un ministro que propone disminuirla otro poco, al infinito que roza la tragedia de millones de españoles. Pregunten por esos números a los empresarios eméritos y a los ladrones de bebés.
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Rafael Torres