Francisco Camps es un hombre de fe y como tal sabe que, a veces, esa virtud mueve montañas. Incluso, las montañas de indicios acumulados en su contra. Un jurado popular dividido le ha absuelto del delito de cohecho impropio. El proceso no está cerrado. Quienes sostuvieron la acusación tienen cinco días para decidir si recurren la decisión ante una instancia superior, que será un tribunal profesional, tras analizar los fundamentos de la sentencia. Solo entonces cabrá hacer un juicio sobre el juicio con todos los datos. Mientras tanto conviene ser prudentes.
María Dolores de Cospedal, sin embargo, ya se ha lanzado, dando la absolución por firme, y se ha preguntado quién repone ahora la honorabilidad y el buen nombre de Francisco Camps. Es una pregunta retórica. Porque ha sido el propio Camps el que ha puesto en entredicho su nombre y su trayectoria con sus amistades peligrosas y con una nefasta gestión que ha situado a su próspera comunidad al borde de la suspensión de pagos. Lo visto y lo oído durante el juicio contra el expresidente valenciano quizás no sea suficiente como para sostener la existencia del delito -se verá cuando se cierre el procedimiento-, pero ha evidenciado que si no cohecho, al menos sí hubo hechos impropios, bochornosos, incompatibles con la dignidad exigible en un cargo político como el que ostentaba.
Tan evidente es esa realidad que el propio partido envió como comisionado a Federico Trillo para convencerle de que abandonase su cargo y firmase su acta de culpabilidad, como hicieron otros dos implicados. Consiguió lo primero, pero no lo segundo, aunque estuvo a punto. Y el propio Rajoy, aunque se lo prometió, no estuvo ni delante ni detrás ni al lado de su compañero encausado mientras duró el juicio. Pero si el PP considera que el nombre y el hombre deben ser rehabilitados, tiene todos los instrumentos para hacerlo. Puede elegirle secretario general o tesorero en el próximo congreso de Sevilla o ponerle al frente de la comisión que vigile el cumplimiento del código de transparencia y buenas prácticas de los cargos públicos populares. O le puede dar una embajada o hacerle un hueco en el Gobierno central o, quién sabe, reponerle en su anterior cargo haciendo dimitir a su sucesor, Alberto Fabra.
Apostaría a que no se atreverán a hacerlo. Porque el juicio de los trajes ha acabado, de momento, exculpándole de su responsabilidad penal, pero ha dejado patentes usos, formas y relaciones impropios de un político responsable. Camps será inocente, pero su carrera política parece amortizada.
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Isaías Lafuente