Ahora resulta que las televisiones autonómicas son el origen de todos los males que ocurren en España y la causa del déficit en las cuentas públicas de las autonomías. Vaya. Y nos hemos dado cuenta ahora. Los periodistas y los políticos somos la leche y los únicos capaces de hacer análisis a toro pasado. Así da gusto. Total…, es tan fácil.
La perversión en el debate sobre la existencia y el futuro de las cadenas regionales ha estado muy bien llevada por intereses políticos y empresariales. Y en el trazo gordo de su argumentario hasta tienen razón porque, en las actuales circunstancias que vive el país, resulta insostenible mantener un gasto tan elevado que ya ha generado una deuda de 800 millones. Cierto. Ocurre, sin embargo, que ese trazo gordo lo han pintado ellos.
Habría que analizar el por qué se ha llegado a esta situación y, en consecuencia, reconocer la causa real que ha derivado en este agujero negro y en el despropósito de querer aniquilarlas. Y sí, las razones que se dan y los métodos que se han llevado a cabo para conseguir su desaparición son un verdadero despropósito.
Las televisiones autonómicas nacieron para vertebrar las regiones del estado de las autonomías a través del idioma, cultura, patrimonio y actualidad de lo que no se ocupaban ni se ocupan los medios generalistas nacionales. Y todas, sin excepción cumplieron esa labor. Sin embargo, y no es la primera vez que lo digo, todas nacieron viciadas por el modelo imperante: Televisión Española. Todas las televisiones regionales se organizaron orgánicamente con el viejo modelo de TVE y, lo peor, copiaron los malos hábitos de sumisión al gobierno de turno. De tal modo, casi todas llegaron a convertirse con el tiempo en un instrumento de propaganda, en el caso de las televisiones históricas, o directamente nacieron con ese cometido como ocurre con las de reciente creación. Pero esta circunstancia no es, en modo alguno, un mal inherente a estas televisiones que –insisto- han cumplido y deberían seguir cumpliendo su labor fundacional. El verdadero problema ha sido su utilización por los políticos y los gobiernos que las han considerado como medios de comunicación propios.
El alto coste de estas cadenas y al agujero que generan al erario no es por su naturaleza sino, como digo, por el uso que se ha hecho de ellas.
Miremos, por ejemplo a Canal Nou. La valenciana, que afrontará próximamente un ERE fue, presuntamente, tapadera y campo de acción de los sujetos del caso Gürtel. Las diferentes direcciones generales derrocharon dinero a espuertas e incluso le pagaron casi 150.000 € a Toni Cantó, el diputado de UPyD al que le encanta el bombardeo a la sede de la televisión autonómica. No ha dicho, por cierto, si quería que el ataque fuera con los trabajadores dentro.
Otro caso: Telemadrid. Una cadena que hasta 2003 era ejemplo en toda España de reducción de deuda y de independencia informativa. Con la llegada de Esperanza Aguirre y sus monaguillos, Manuel Soriano y Agustín de Grado, la madrileña comenzó a sumar números rojos y a restarse prestigio. Resumiendo, colocaron a los miembros de la caverna que perdieron el sitio en las Elecciones Generales de 2004, entraron productoras “amigas”, desactivaron la redacción de informativos-por rojos- y contrataron periodistas afines a la causa. Telemadrid es la cadena autonómica que más denuncias de manipulación ha coleccionado.
Y si Telemadrid es el ejemplo de la destrucción de un proyecto, Castilla-La Mancha Televisión también es el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. A Bono no se le ocurrió otra cosa que nombrar a Jordi García Candau como director general del Ente. Le debía mucho por haber sido su “hombre” en la Comunitat de Valencia en el congreso socialista que perdió contra Zapatero.
Si como decía anteriormente las televisiones autonómicas nacieron con el mal ejemplo de TVE, CMT -salvo algunas honrosas excepciones- reunió todo lo peor y lo que sobraba en Prado del Rey. Utilizando el argot taurino que tanto le gusta a Candau, se llevó consigo a los desechos de tienta que no servían para primeras plazas y que vivieron como primeras figuras en Toledo durante diez años. Sus informativos –los de Candau- nacieron tan viciados como viciados, murieron los que dirigía al mando de María Antonia Iglesias en su etapa felipista. Solo podía verse manipulación en beneficio de Barreda como antaño de Felipe González.
Pero como Jordi García Candau es más listo que un ratón “colorao” –lo aprendió de su paso por TVE- en Castilla-La Mancha supo hacer una gestión “mixta” de lo público y lo privado. Sobre todo de lo privado.
Lo que ha llegado después del tuno –lleva a gala esa condición- merece un capítulo aparte. ¿Se pueden explicar las razones por las que la televisión autonómica castellano-manchega –ahora con Ignacio Villa al frente- ha abierto corresponsalías en Asia? Don Quijote es universal, pero algunas corresponsalías son una broma para una tele regional.
Con estos ejemplos –y otros similares- cualquiera puede llegar a la conclusión de que las televisiones autonómicas son prescindibles y gravosas.
Claro, sin duda.
Lo que los ciudadanos y votantes deberíamos exigir es que al frente de las televisiones públicas estén profesionales de la gestión, de la información, de la honradez, de la transparencia y del rigor. Y en consecuencia, que los presidente autonómicos crean y lleven a cabo esos principios. Todo lo demás es demagogia.
El descrédito de las televisiones públicas no es de naturaleza. Es del uso que los políticos han hecho de ellas y del que algunos directores generales se han aprovechado. El alto coste de las televisiones públicas no es responsabilidad de sus trabajadores. Es de quienes han inflado las plantillas, los presupuestos y los contratos.
Quienes han hecho estas tropelías no son los trabajadores. Tienen nombres y apellidos. Busque en los gobiernos regionales, en las direcciones generales de las televisiones y en los organigramas oscuros.
¿A quién habría que privatizar?
Alfonso García