Estaba más que anunciado que el PP iba a cambiar la Ley de Costas. Lo que no se sabía es que pensaba hacer una reforma en profundidad de una norma de 1988 que ni siquiera ha llegado a entrar en vigor en muchos litorales españoles. Conviene recordar la frase de Mariano Rajoy: «Nos gustan los chiringuitos», para imaginar por donde va la contrarreforma.
No podrán cambiar la Ley entera, pese a que les gustaría, porque en aquellos sitios donde primero se hizo el deslinde de costas, muchas edificaciones fueron demolidas al estar construidas en terreno público. Si ese aspecto se modificara las indemnizaciones a propietarios afectados injustamente, porque la ley no estaba en vigor en toda España, serían ruinosas para el Estado.
Pero basta con algunos retoques para que muchas, muchísimas, viviendas y chiringuitos construidos sobre las mismas playas o en acantilados al borde del mar, que impiden el derecho de paso a zonas públicas, se les autorice una prórroga de la concesión o se autoricen nuevos usos de las playas y queden de facto legalizadas.
Arias Cañete lo tiene muy claro: el medioambiente no puede frenar el desarrollo económico. Con esa premisa, cuando anuncia que va a poner en valor el litoral, es fácil imaginar qué tipo de valor le quiere dar a lo que, hasta ahora, eran terrenos públicos para uso y disfrute de todos los ciudadanos.
Pocos países del Mediterráneo han destrozado el paisaje costero como el nuestro. En muy pocos sitios, que aspiran a ser líderes en la industria turística, se han tolerado los desmanes urbanísticos que se han infringido desde Gerona hasta Huelva. Nunca la belleza de unas costas, con un mar privilegiado, se había deteriorado en tan corto espacio de tiempo. Un urbanismo salvaje y sin control ha llenado de ladrillo y asfalto playas vírgenes.
Lo peor es que esos bloques de viviendas construidas a pie de playa no tienen ahora quien las compre. Pues si el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha cebado con las grandes ciudades, qué decir de las segundas viviendas. La mayoría de los apartamentos «de verano» están en manos de los bancos y no saben cómo darles salida.
Bien es cierto que, lamentablemente, queda poco por destruir. Pero háganse a la idea de que los pocos paraísos que todavía quedan, sobre todo en el Cantábrico, pueden desaparecer en los próximos años. Y, lo que también veremos todos, es como el hotel «El Algarrobico», construido de forma ilegal en Carboneras, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, podría no ser demolido como estaba previsto.
Cuando el medio ambiente se supedita a la actividad económica hay que echarse a temblar.
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Victoria Lafora