La expectación que se había generado en todos los medios de comunicación con respecto al primer Consejo de Ministros de 2012, en general, ha venido a ser defraudada por la realidad.
Eso no quiere decir que no se hayan presentado medidas llamativas, sino que después de la subida de impuestos del anterior, todos esperábamos el paso de la podadora del gasto público, pero habrá que esperar a ver cuando llega y mientras tanto ir abonando los nuevos impuestos que nos dejó 2011.
No obstante, este segundo Consejo de Ministros nos ha dejado una segunda medida de tipo fiscal y de intento de minoración del déficit y que va en la línea de la lucha contra el fraude en la economía de nuestros país, cuya tasa se cifra en alrededor del 24%.
Básicamente se basa en incrementar las inspecciones y los controles al objeto de conseguir una recaudación de alrededor de 8.200 millones de Euros. Esta es la causa por la que la plantilla de inspectores no se congela como sucede con la de otros funcionarios.
Dentro de esta lucha contra el fraude destaca como medida innovadora la de limitar los pagos en efectivo a una determinada cantidad. Esta medida ya fue tomada en Francia y en Italia donde se limitaron este tipo de pagos a 3.000 y 1.000 Euros respectivamente. Esta última cifra es la que aconsejan algunos técnicos del Ministerio de Hacienda, quienes indican que si esta norma se aplicase de forma dura la recaudación podría llegar a ser mucho mayor.
Ahora bien, desde Bruselas no se ve con claridad que unas cifras de objetivos de 8.200 millones de previsión de recaudación por la lucha contra el fraude fiscal, puedan y deban ser tenidas en cuenta en los planes de lucha contra el déficit porque las mismas tienen un gran margen de aleatoriedad y por tanto no están aseguradas.
Y creo que la misma postura cauta indicada desde Bruselas, debería ser seguida por el Ejecutivo de nuestro país. El hecho de no actuar de esta forma puede provocar el que en un ánimo de cumplir el programa de ingresos por este concepto, lleve al ejecutivo a hacer lo fácil, lo de siempre, que es apretar las tuercas a los que ya están controlados y pagando de manera habitual.
Dado que las grandes áreas de fraude se encuentran dentro del Impuesto Sobre Sociedades y en el del IVA, es muy fácil ceder a la tentación de acudir a las empresas a aplicar hasta las comas del reglamento oportuno para cumplir con el objetivo de recaudación, lo cual sería un procedimiento legal pero injusto y que ya ha sucedido en otras ocasiones.
Sin pretender poner al mismo nivel ambas cuestiones, al igual que se han hecho campañas de concienciación contra la violencia doméstica, no comprendo porque no se trata de hacer lo mismo con el fraude fiscal. Creo que es necesario concienciar a la población de que cada vez que alguien acepta una compra o un pago por servicios sin IVA, o bien falsea la declaración de la renta, o falsea la declaración de sociedades, en lo que se beneficia esa persona es justo en lo que se dañan las demás. La parte que deja de poner en el fondo común esa persona tiene que ser cubierta por el resto, lo cual es realmente insolidario y en estos momentos, con la que está cayendo, yo diría que incalificable.
Aún a riesgo de parecer ingenuo, creo que llegar a un estado en el que se alcance un grado de conciencia ciudadana tal que los propios ciudadanos denunciasen los fraudes fiscales de los que tuviesen conocimiento ante las autoridades sería muy indicativo del grado de evolución social alcanzado en ese país.
¿O es que Hacienda no deberíamos ser todos?
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José Luis Martín Miralles