Una de las cuestiones con más difícil encaje que plantea el sistema de Monarquía Parlamentaria es el del tratamiento de las personas que rodean al Rey. Desde el momento en que por definición constitucional el Rey reina pero no gobierna, se convierte en un polo de atracción como fuente imanante de un poder indirecto, de una capacidad de influencia puramente tácita e incluso meramente pasiva. La sola apariencia de proximidad al monarca o a su círculo familiar otorga un marchamo que el común de la sociedad identifica con la posibilidad de conducir voluntades a un destino determinado.
La peculiar situación de D. Iñaki Urdangarín, que ni siquiera es procesal sino pre-procesal, aconseja mucha prudencia a la hora de abordar su caso en particular, prudencia que por cierto se echa de menos en alguna de las acciones del propio interesado. Pero insisto, más allá del alcance concreto de la posición jurídica del Duque de Palma de Mallorca, lo que interesa es analizar cómo se encauza, o probablemente mejor, como se anula, ese entorno de influencia generado alrededor de la persona (más que de la figura) del Rey.
Tampoco es ésta una cuestión esencialmente novedosa en nuestra errática tradición de monarquía parlamentaria. Ya en el siglo XIX se acuña el término “camarilla” para referirse a los círculos de influencia que abrevan parasitariamente en las aguas de la Corona. Y ya entonces la manifestación más grosera de dicha influencia espuria está en la pura corrupción económica ligada a la política. La camarilla del clan de los Muñoces, establecida en torno a la figura de la Reina Regente María Cristina de Borbón, su marido D. Luis Muñoz, Duque de Riansares y sus siete vástagos escribió algunas de las páginas más oscuras de la historia del período moderado, convirtiendo su residencia del Palacio de las Rejas en un auténtico símbolo del uso desviado del poder en beneficio particular. Obviamente esos episodios y la aparente pasividad de la Reina Isabel II y sus gobiernos ante semejantes tropelías no fueron en absoluto ajenos a la extensión de la desafección popular, más hacia la persona de la Reina que hacia la institución, que culminaría con su expulsión de España. Uno de los símbolos de dicho descontento fue precisamente el asalto al Palacio de las Rejas. Triste historia de relación entre el puebloy la corona que sintetizaba Torcuato Luca de Tena en el personaje que se desgañitaba gritando vivas al rey Alfonso XII en su regreso a España y, ante la recomendación de su vecino de que se calmase un poco para evitar un sofoco le respondió que no se preocupase, que había gritado mucho más cuando echamos a la madre.
La solución a los efectos perniciosos de las camarillas reales es la eliminación de ese campo magnético de influencia. Y los barredores más eficientes para dicha eliminación o, cuando menos, para su mitigación hasta reducirlo a niveles inapreciables e inocuos, son la transparencia, ejemplaridad y rápida actuación de la Justicia.
Con un ejercicio razonable de publicidad de las cuentas de la Casa del Rey, se puede entender con claridad quién disfruta y en qué medida de la asignación que tal Casa tiene con cargo a los impuestos de los españoles y, por mera diferencia aritmética, la correspondencia de los mismos con el nivel de vida de quienes de ellos participan. Mientras en España, por el momento, no conocemos el detalle del destino de los ocho millones de euros que de los Presupuestos Generales se destinan a la Casa del Rey, un ciudadano del Reino Unido puede conocer cuántas veces utiliza el Príncipe Andrés un helicóptero a razón de dos mil libras esterlinas por vuelo. También ese ciudadano británico puede saber, gracias a la Transparency Act, queel Speaker de los Comunes se ha gastado treinta mil libras en dos años en vuelos en clase preferente, que en una de las ocasiones también se pagó el vuelo de su mujer y que en ocho de nueve ocasiones voló en Business a destinos europeos, contraviniendo recomendaciones de austeridad del propio Parlamento. Si sabemos con detalle cuántas personas de la familia del Rey viven del presupuesto y en qué medida, despejaremos muchas sospechas. Por otro lado podremos sumar las percepciones a cargo de dicho presupuesto a las que razonablemente correspondan a las actividades profesionales de dichas personas y, consecuentemente, evaluar la correspondencia de tales ingresos con su nivel de vida.
De lo anterior se deriva necesariamente la ejemplaridad. No es que los hijos del Rey no tengan libertad, pero deben ser conscientes de sus funciones y de la obligación de dar ejemplo que de las mismas se deriva, compromiso que se aplica por extensión a sus cónyuges. El deber básico que dicha ejemplaridad impone es el de ejercer sus actividades profesionales con la más estricta separación que sea posible de su papel institucional. Es evidente que si un yerno del Rey es médico, por poner un ejemplo, resultará inevitable que cierto número de personas pasen a engrosar su lista de pacientes aunque solo sea por curiosidad insana. Pero cuanto más discreto sea el doctor y menos satisfacción dé a tal instinto morboso, mayor será la posibilidad de que suspacientes lo sean en atención únicamente a su habilidad profesional. Si la actividad empresarial o profesional de tales allegados es susceptible de generar mayor sospecha o confusión, mayores tendrán que ser los niveles de discreción y ejemplaridad.
Y para el caso de que todo lo anterior no funcionase, entonces se precisa una rápida y efectiva actuación de los poderes públicos. Ante cualquier indicio de desviación o abuso, la Justicia debe intervenir con celeridad y despejar cualquier sombra o sensación de inmunidad. Con ello se conseguirá disuadir a los oportunistas que quieran arrimarse al fuego sagrado y constituir una de esas célebres camarillas y, al mismo tiempo se reforzará en los allegados al Rey la idea de que deben protegerse adecuadamente de esas amistades interesadas que se ven venir a distancia. En este sentido, la actual situación del Sr. Urdangarín se presenta como una ocasión idónea para aplicar dicho remedio.
En la última escena de la película Vencedores o Vencidos, de Stanley Kramer, el ex Ministro de Justicia de la Alemania Nazi intenta justificarse en su celda ante el Juez que lo condenó y se pregunta en voz alta cómo se pudo llegar a tal nivel de horror y de brutalidad. El viejo magistrado americano, ya retirado, le responde que todo empezó la primera vez que condenó a un hombre sabiendo que era inocente. De modo análogo, cualquier persona cuya posición le permita ejercer un poder o influencia como las que mencionamos en este artículo, opta irremediablemente por el camino de la corrupción la primera vez que acepta o simplemente tolera que esa capacidad de influencia sea utilizada. Así de sencillo.
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Juan Carlos Olarra