El asunto de la gasolinera huele mal. Pinta mal para el futuro político del ciudadano José Blanco, a la sazón ministro de Fomento. A la espera de que el juez levante el secreto del sumario abierto contra Jorge Dorribo, el empresario que está en el centro de una trama de presunta corrupción, es difícil inferir las razones que han llevado a este personaje a autoinculparse de un delito de cohecho declarando ante la juez que investiga el caso que habría pagado 200.000 euros a un primo del ministro a cambio de determinadas gestiones ante la Administración. Blanco que tacha de falsedad todo lo dicho por el empresario denuncia, a su vez, pero sin facilitar nombres ni circunstancias, una supuesta trama ideada contra él. Ya digo que no dice por quien; tampoco se sabe que haya formalizado denuncia por calumnias contra Dorribo. Siendo como es, también, ministro Portavoz del Gobierno, su situación política es delicada. Desde la oposición (Javier Arenas, del PP) ha pedido la dimisión de Blanco; desde otras instancias le recuerdan que en ocasión del «caso de los trajes» que afectaba a Francisco Camps fue un látigo implacable con el entonces presidente de la «Generalitat» Valenciana.
Estamos ante un asunto que, por decirlo así, presenta una doble naturaleza: la judicial y la política. Sobre la primera solo los tribunales marcan el «tempo»; acerca de la segunda todos los ciudadanos están legitimados para opinar. La democracia, no se olvide, es un régimen de opinión pública y como tal, la transparencia en los asuntos públicos es la garantía del propio sistema. Desde luego, la honorabilidad de un ministro es asunto público principal. De ahí el escándalo y de ahí que desde algunas instancias se le haya recordado al señor Blanco la recomendación que él mismo hacía al señor Camps: que resignara el cargo para mejor defenderse de las imputaciones (o calumnias, los jueces dirán) que pesan sobre él. Lo diré pronto: este asunto pinta mal, muy mal, en relación con el futuro político de José Blanco.
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Fermín Bocos