lunes, diciembre 5, 2022

Conocer la verdad

Que el 4 de mayo de 2006 alguien -y ese alguien no pudo ser nadie  distinto a quien tuviera conocimiento de los hechos que se iban a producir- avisó al responsable de la red de extorsión económica de ETA que se iba a llevar a cabo una operación policial contra ese entramado es algo que nadie niega. Tampoco lo ha hecho el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en una decisión ciertamente sorprendente y con sabor a componenda jurídico-política, ha pedido al juez Pablo Ruz que siga investigando, porque en opinión de los magistrados, los indicios que llevaron al citado juez a imputar al Director General de la Policía de entonces y a dos altos cargos policiales bajo el delito de colaboración con banda armada, no son suficientes.

No resulta ocioso recordar el contexto en el que se produjo ese «chivatazo» a ETA por parte, repito, de quienes eran conocedores de que se iba a producir una operación policial. Zapatero estaba metido por aquellas fechas hasta las cejas en un proceso de negociación política con ETA, y para ayudarle en el mismo había nombrado meses antes como ministro del Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo que sucedió es que se pensó que esa operación policial podría molestar a los interlocutores etarras. Por eso se abortó. Tal fueron así los hechos, que cinco meses después del «chivatazo», el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial e interlocutor del Gobierno con ETA en ese mal llamado proceso de paz, José Manuel Gómez Benítez, esgrimió ante sus interlocutores etarras que el «chivatazo» era una prueba de buena voluntad por parte del ejecutivo para que el citado proceso siguiera.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber toda la verdad de aquel sórdido episodio, que se llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Las políticas parecen claras, porque no es imaginable que unos funcionarios policiales lleven a cabo tal fechoría -a la que tenían la obligación de haberse negado- si no reciben órdenes directas de los responsables políticos del Ministerio del Interior.

Al final, cuando se toman atajos en la lucha antiterrorista, pasan estas cosas. Se empieza secuestrando en el sur de Francia a un ciudadano galo, Segundo Marey, que luego se demuestra que no tenía nada que ver con ETA y se acaba avisando a los terroristas para que puedan huir antes de ser detenidos. Cuando quien tiene obligación de luchar contra el terrorismo con la ley, dentro de la ley, pero con toda la ley, se sale de ese camino, la impunidad está servida y el Estado de Derecho salta por los aires. Para acabar con aquella y para restituir este es muy importante que el juez Pablo Ruz siga investigando y llegue hasta el final. Es una exigencia democrática.

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Cayetano González

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