La crisis fiscal se veía momentáneamente interrumpida esta semana con motivo de un anuncio de interés público.
The Pew Research Center difundía un informe que demuestra que la disparidad racial en los ingresos netos -la desigualdad en América- está creciendo. La gente de toda ascendencia vio caer el valor de su patrimonio durante la Gran Recesión, pero la liquidación fue más rápida entre hispanos y afroamericanos.
Esto no tiene nada de sorprendente. Los colectivos de renta modesta concentran una parte mayor de su patrimonio en el inmueble de residencia; los estadounidenses de renta más alta diversifican más su patrimonio. El colapso inmobiliario pasa una factura desproporcionada en forma de riqueza a las minorías.
La tendencia es menos impactante que la referencia. En 1984, la relación entre la riqueza de los blancos y la de los negros era aproximadamente de 12 a 1. Los activos netos medios de los blancos rondan ahora las 20 veces los de los negros. Según las cifras más recientes, alrededor del 15% de los hogares blancos tienen un neto 0 o negativo. El porcentaje entre los afroamericanos es del 35%.
La actual tesitura económica agrava un problema a largo plazo. La titularidad de activos proporciona un indicador de la seguridad durante un bache económico, permitiendo a una familia capear un desagradable repunte del paro. En ausencia de activos, el paro puede conducir a una dramática caída en la escalera social. Y las consecuencias se aceleran con el tiempo, puesto que la riqueza se utiliza con frecuencia para adquirir educación de calidad para los hijos, una fuente de movilidad social positiva.
Esta clase de problemas es la razón para la que se inventaron los izquierdistas. En su apogeo, el progresismo ha sido algo más que hacer ligeramente más progresivo un código fiscal progresista. Puso la igualdad de oportunidades en primera línea de la política estadounidense Robert Kennedy llamando la atención sobre Kentucky, el funcionario Robert Sargent Shriver fundando el programa Head Start, Bill Clinton ampliando la deducción fiscal de las rentas bajas. «Quizá podamos acordarnos», dijo Robert F. Kennedy, «aunque sólo sea un momento, que aquellos que viven con nosotros son nuestros hermanos; que comparten con nosotros el mismo lapso de vida; que no aspiran, al igual que nosotros, sino a la oportunidad de desarrollar sus vidas con dignidad y felicidad».
Pocos izquierdistas hablan así ahora, aunque la llama sigue parpadeante en lugares como el Programa de Gestión de Patrimonio de la New America Foundation, donde Ray Boshara viene desarrollando su larga campaña contra las desigualdades. Este reto no carece de respuesta, incluyendo las subvenciones al ahorro, la promoción de la educación económica y el acceso cada vez más generalizado a los servicios de asesoría contable.
Los conservadores, sin embargo, también tienen una aportación que realizar a la hora de abordar las desigualdades, lo pretendan o no. Son los únicos que actualmente llaman la atención sobre un problema estructural masivo que en el futuro hará prácticamente imposible la legislación social de calado.
El rumbo de la deuda norteamericana, por admisión prácticamente universal, es insostenible. Pero la causa no se admite de forma general entre la izquierda. Como admite Yuval Levin, nuestro futuro problema de deuda «está totalmente relacionada con las prestaciones sanitarias. Y quiero decir del todo». Según las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto sanitario supondrá básicamente el 100% de nuestra desbocada deuda en las próximas décadas.
Dentro de unos 40 años, las prestaciones -el programa Medicare de los ancianos, el programa Medicaid de los pobres, el Programa de Cobertura Sanitaria Infantil Estatal y el Obamacare- superarán el gasto en todos los demás capítulos de los presupuestos, incluyendo seguridad social, defensa y gasto administrativo nacional independiente de la defensa. «El gobierno federal», dice Levin, «será básicamente una aseguradora con unas cuantas empresas inusuales como un ejército y una marina».
Una repercusión será descartar cualquier innovación amplia en materia de legislación nacional. Para dar cancha a los compromisos sociales sin reformar, el gasto administrativo será tan recortado que hasta los programas vigentes de educación, el hambre, la pobreza y los indigentes serán muy difíciles de mantener.
Como prueba, basta el actual debate presupuestario. Los Republicanos son contrarios a los impuestos nuevos. Los Demócratas se oponen a la reforma sustancial de las pensiones. Al parecer, lo único en lo que se pueden poner de acuerdo es en mayores reducciones en el capítulo del gasto administrativo, que en el pasado reciente siempre se ha llevado el grueso de los recortes.
Los Republicanos de tendencia más libertaria pueden considerar esto un avance bien recibido aunque no hace sino aplazar brevemente un déficit disparatado. Para los Demócratas, el asunto es más complejo. La cobertura sanitaria es un gran logro de la izquierda, y protegerlo reviste un eficaz atractivo político. Pero mantener estos logros pasados en su forma actual puede excluir la posibilidad de lograr futuros avances significativos en la promoción de la igualdad de oportunidades. Una ideología que protege el pasado simplemente no tiene nada de progresista reconocible.
En momentos normales, el empeoramiento de un problema social como las desigualdades podría unir a izquierdistas creativos y conservadores compasivos en una alianza legislativa improbable. Las reuniones tendrían lugar en la New America Foundation. Se someterían a trámite legislaciones bipartidistas.
Es un Washington del que me acuerdo pero que ahora parece imposiblemente distante.
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Michael Gerson