Teddy Bautista dimite como presidente de la SGAE. Ya era hora. El escándalo de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) y la investigación de la Audiencia Nacional por desvío de fondos, apropiación indebida y delito societario hacían imprescindible el relevo en la sociedad de gestión de derechos de autor. Una comisión rectora de la junta directiva asumirá la dirección bajo la presidencia de un gestor externo y una investigación por un jurista de prestigio. La junta promete también «reformas estatutarias pertinentes para garantizar la democracia y transparencia», una promesa tardía y un mensaje para tranquilizar a los socios sin responder de sus errores ante los ciudadanos que pagan los derechos de autor.
La oferta de la comisión rectora formada por Ernesto Caballero, Álvaro de Torres, Imanol Uribe, Víctor Manuel y Tomás Marco no recoge siquiera el decálogo para la renovación de la SGAE lanzado por el dimisionario Bautista. Una propuesta encaminada a apaciguar al ala del gobierno dispuesta a reformar las sociedades de gestión colectiva de derechos y la propiedad intelectual en línea con las tesis de la Comisión Europea.
El mensaje de la junta quiere tranquilizar a los socios de la SGAE. Más democracia interna y transparencia en el reparto de derechos, como han pedido muchos socios tras el estallido del escándalo. Todos, acompañados por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, defienden un sistema de derechos de autor y su gestión que tiene el germen de la corrupción.
La Comisión Europea quiere un mercado único de derechos, transparencia y simplicidad en la gestión y competencia entre sociedades, como ha defendido también la Comisión Nacional de la Competencia. La ministra de Cultura continúa equivocándose al enrocarse en negar la responsabilidad de su departamento sobre el control de las sociedades y su reforma. Una iniciativa que encontraría aliados en el Congreso y dentro del propio PSOE, como ha ocurrido hoy con la reforma del canon digital.
La SGAE intenta mantener unos privilegios que la Unión Europea quiere reformar y Cultura está empeñada en prolongar una situación insostenible. La mejor forma de proteger los derechos de autor no es mantener el sistema actual, anclado en la era analógica y dominado por una parte de los autores, editores y productores, sino crear nuevas oportunidades de negocio con nuevas licencias más flexibles y equilibrio entre el coste de los derechos y lo que el mercado está dispuesto a pagar en una era de saturación de contenidos alimentada por la propia industria.
La reforma de las sociedades de gestión y la propiedad intelectual es inapelable. Se puede aprovechar la oportunidad para reconstruir el consenso entre autores y público, y recuperar el tiempo perdido para el desarrollo de nuevos negocios de contenidos o seguir defendiendo los privilegios de unos pocos y la opacidad.
Los socios de la SGAE pueden elegir su destino. Gobierno y Parlamento no deberían perder una oportunidad para una reforma con un amplio consenso y en defensa de los derechos de los autores, pero también de los del consumidor y los creadores que no se sienten parte del viejo sistema.
Juan Varela