El Partido Popular está utilizando políticas de acusación preventiva en el traspaso de poder de las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde ha ganado las elecciones. En el «por si acaso» no duda en llevarse por delante la fiabilidad y confianza de las cuentas públicas en aquellos sitios donde va a gobernar.
Su bestia negra está siendo Castilla-La Mancha. Tal ha sido el calibre de las denuncias que la agencia de calificación Moodys ya ha reclamado al Gobierno en funciones de Barreda datos que eviten cambiar la clasificación de la deuda.
Esta estrategia irresponsable, antes de tomar posesión de sus cargos, tiene bastante que ver con que el diferencial de deuda con Alemania subiera ayer a 226 puntos básicos en la apertura. Esto significa llanamente que todos los españoles tendremos que pagar más por los créditos del Estado y de las empresas.
Esta maniobra de descalificación, sin los datos fehacientes todavía en su poder, la hace un partido que está convencido de que llegará al Gobierno de la Nación en menos de un año y que habrá, por tanto, que enfrentarse al deterioro que ellos mismos están creando.
La senda la marcó Convergencia y Unió cuando ganó en Cataluña y advirtió que la Generalitat se encontraba en tal estado de ruina económica que no se iban a poder pagar las nóminas de los funcionarios. Por descontado que los empleados públicos cobraron su salario pero sus acusaciones sirvieron para justificar el recorte en prestaciones sociales, como la sanidad, que llegó poco después. Aún así el Ejecutivo de Artur Mas ha sobrepasado el nivel de déficit autorizado por la Vicepresidencia económica y pactado con Bruselas.
Rajoy no ha desautorizado ninguna de las acusaciones de sus líderes autonómicos por lo que es lógico pensar que la operación ha sido diseñada desde la sede de Génova y como parte de la campaña electoral de las generales de 2012. Se quiere justificar el recorte que van a tener que llevar a cabo en sus nuevos territorios conquistados en las urnas a los gestores socialistas para que el candidato Rajoy no sufra el menor desgaste.
Se pretende que el ciudadano crea que cuando Rajoy llegue a la Moncloa llegará la estabilidad y el crecimiento de empleo. Porque lo que va a ocurrir en las comunidades por ellos gobernadas es por culpa de los «agujeros» socialistas.
Mientras, no se piden auditorías en Valencia, Murcia o la propia Madrid, donde el PP gobierna con mayorías absolutas y donde la opacidad de las cuentas tiene el coste, como en la tierra de Camps, de ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano a entregar los datos solicitados a la oposición.
María Dolores de Cospedal, especialista en acusaciones de grueso calibre no respaldadas luego por los hechos, asegura ahora, a través de sus portavoces, que Barreda y los suyos están destruyendo documentos. Si así fuera, su obligación es acudir a los tribunales, puesto que es un delito. Pero ocurrirá lo mismo que cuando denunció que el PSOE la espiaba. Que fuese y no hubo nada. Que tome nota el PP que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Victoria Lafora