miércoles, diciembre 7, 2022

La reforma laboral que no tendremos

Parece que los engranajes de este sistema socio económico corporativista que dirige los designios de nuestra economía –con independencia de quién se siente en el gobierno en cada momento- ha vuelto a funcionar con plena eficacia y en el sentido habitual, consistente en visualizar el resultado del diálogo social en un acuerdo vacío de contenido y ajeno a cualquier reforma en profundidad de los elementos más arcaicos de nuestro sistema laboral, que al igual que el sistema corporativo vertical, hemos heredado de la parte más antigua y más azul del franquismo.

Los sindicatos más representativos (ojo, esto es una condición legalmente atribuida, que no se corresponde con la escasa afiliación sindical en España) siguen centrando sus esfuerzos en defender una estructura de relaciones laborales que dificulta la realización de nuevas contrataciones, especialmente en situaciones de extrema dificultad e incertidumbre como la que ahora atravesamos, condenándonos a la imposibilidad de creación de empleo neto hasta que alcancemos tasas de crecimiento por encima del tres por ciento. La realidad es que la economía española presenta una curva de relación entre el crecimiento y el empleo mucho más inelástica que la del conjunto de los países de nuestro entorno y el estancamiento de los sindicatos en su postura condena a los cinco millones de parados a depender se un sistema de protección social que está a su vez en juego por la insostenibilidad de nuestro déficit público.

El esquema por virtud del cual la extinción de cualquier relación laboral pasa, en el noventa por ciento de los casos, por una indemnización equivalente a 45 días por año de antigüedad, sin que las verdaderas causas y circunstancias de dicha extinción sean relevantes, opera como un mecanismo absolutamente disuasorio para la creación de empleo en situaciones de crisis. Cuando los planes empresariales, especialmente de los pequeños y medianos emprendedores, tienen que ponerse horizontes de seis meses, es muy difícil que al riesgo de negocio y a la dificultad de acceso al crédito se quiera sumar el peligro de asumir un coste muy notable si las cosas van mal. A lo anterior se añade otra condición de rigidez, que es la aplicación por sectores de actividad de las condiciones negociadas por esos entes corporativos verticales que son las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulaciones que no son más que la secuela de las ordenanzas laborales de antaño. La realidad es que un convenio colectivo negociado en abstracto para un sector se aplica por igual como norma de mínimos a una empresa de 1.000 empleados y varios centros de trabajo que a una micropyme de tres trabajadores que factura la centésima parte, cuando la estructura productiva de ambas puede ser completamente distinta. Evidentemente solo la negociación a nivel de empresa puede dar como resultado un marco eficiente y adaptado a las circunstancias particulares de cada unidad productiva.

Por lo tanto, deberíamos abandonar los eufemismos y los circunloquios y remover de modo definitivo los lastres que un sistema autoritario impuso en el marco de la relación laboral, en un extraño trueque de libertad por seguridad laboral orientado a garantizar la paz social. Por vía de acuerdo o por ejercicio de la potestad normativa que corresponde a los poderes públicos se debe reformar el marco laboral reduciendo significativamente las indemnizaciones por despido improcedente como regla general y dando prioridad a los acuerdos entre empresarios y trabajadores en el marco de las relaciones individuales o de las colectivas a nivel de empresa. Si somos capaces de hacerlo, puede que veamos a nuestra economía crear empleo con tasas de crecimiento del uno por ciento al tiempo que observemos que el modelo productivo del que tanto se habla empieza a cambiar. Y como beneficio colateral, puede que se acabe con el indecente fraude de la contratación aparentemente temporal y que no es sino la consagración de una casta de trabajadores de segunda, fraude aceptado y consentido como mal menor desde el año 1985 por todos, especialmente por los sindicatos.

No sé si los sindicatos, las organizaciones empresariales, el gobierno, la UE… pueden esperar, pero cinco millones de parados no pueden.

Juan Carlos Olarra

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