¡Que tiempos estos en los que un acto dictado por el sentido común nos sorprende hasta el punto de convertirse en noticia! Porque noticia es que un concejal electo -en este caso son cinco, todos los concejales electos de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid- hayan hecho saber que renuncian al coche oficial.
La iniciativa, que algunos encochados se han apresurado a calificar de demagógica, ha pillado con el pie cambiado al alcalde (Ruiz Gallardón) y al resto de los concejales de las demás fuerzas políticas a quienes ni se les había pasado por la cabeza renunciar a semejante privilegio. Digo que ha pillado por sorpresa al alcalde porque ha llegado a decir que ya verá si «consiente» que los recién llegados al Ayuntamiento lo hagan a pie y no en coche con chofer y guardaespaldas como es costumbre en el consistorio de la capital. En Madrid y, digámoslo pronto, en la mayor parte de los ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones. Sólo así se justifica que en España el parque de vehículos oficiales registre nada menos que ¡35.000! vehículos. 35.000 coches y sus correspondientes conductores. Sólo en Italia nos superan en número de automóviles cuya compra, tasas, chófer, gasolina y mantenimiento corre a cargo del erario. Es decir, de los impuestos que pagamos los ciudadanos.
Teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa España, ¿no sería momento de exigir a nuestros dirigentes un rasgo de austeridad? Porque siendo verdad que algunas encomiendas políticas aparejan cierta parafernalia por razones de seguridad y rango, en la mayoría de los casos, no son más que expresiones del culto a la personalidad, boato ideado para marcar diferencias entre administradores y administrados. Circunstancias estas que se avienen mal con la condición de igualdad radical entre todos los españoles que ampara y protege nuestra Constitución. Hombres libres; ciudadanos, no súbditos.
En Viena no es infrecuente ver a algún ministro acudir en bicicleta al ministerio y no digamos en Estocolmo o Copenhague. El Estado puede que pueda con todo, pero los ciudadanos que pagamos impuestos y que cada vez somos menos porque, no lo olvidemos, tenemos cinco millones de parados, no nos podemos permitir tanto despilfarro.
Los concejales que dan pie a la noticia sólo piden que se les facilite una plaza de aparcamiento porque tienen intención de acudir al consistorio en su coche particular. Parece razonable. Quienes se sienten aludidos porque siguen encochados hablan de «chocolate del loro», olvidando que en la España de nuestros días organizada política y administrativamente en estratos: Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, ayuntamientos y empresas públicas, es tan elevado el número de loros que están acabando con el chocolate. Así, desde luego, no podemos seguir.
Fermín Bocos