A la Junta Electoral Central le costó tiempo y una votación muy ajustada prohibir las manifestaciones de #acampadasol y #15m en la jornada de reflexión. Cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención reflejan la tensión de una decisión con graves consecuencias. Para la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, y para el propio proceso electoral que la decisión pretende proteger.
Si muchos nos cuestionamos por qué se falla en contra del derecho de reunión y de expresión cuando la Ley Electoral atañe a los partidos y a la petición de voto, un comunicado de Jueces para la Democracia llega para defender esa opinión, ya recogida por la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando defendió la pertinencia de una manifestación feminista en el Día de la Mujer de marzo de 2008, también en jornada de reflexión de las anteriores elecciones generales.
La indignación del #15m es contra la partitocracia, contra el sufrimiento de la crisis. Se gestó en en el largo debate contra la ley Sinde que acabó en la formación de #nolesvotes. Los ciudadanos han aprendido el poder de las redes y cómo se pueden usar para una nueva política. Pero la política electoral sigue. Y la sordera de los partidos provocará víctimas en las elecciones del 22-M. Por eso todos han reaccionado de una forma u otra. Tímida, a sabiendas de que nadie puede rentabilizar esta protesta partidariamente.
¿O sí?
El gobierno y el todopoderoso vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el gran perdedor. La protesta desborda al PSOE. Como el resto de partidos, nunca pensó que alcanzaría esta fuerza. Las reivindicaciones de los acampados apuntan al sentimiento más profundo de su electorado y de algunos de sus dirigentes, sorprendidos y muy preocupados. Ninguno de sus estrategas ni las juventudes socialistas supieron alertar del tsunami que agitaba internet y a tantas conciencias.
Pero el gobierno padece sordera y solipsismo hace tiempo. Muchos cargos socialistas se quejan de la concentración de poder y decisiones en Rubalcaba y la viceministra económica Elena Salgado. Ideólogos de políticas no compartidas ni siquiera por todo el consejo de ministros.
El PP aventa el fantasma del 13 de marzo de 2004, cuando los sms y la protesta ante Génova puso en jaque al gobierno de Aznar. Rajoy y Esperanza Aguirre presionan a Rubalcaba contra la diana conspirativa. Saben que cuanto más tiempo se mantenga la acampada sin desalojo policial habrá más personas, los tradicionales votantes del orden, pero también a quienes no les gusta ver alterado el proceso electoral, demandando el desalojo al ministro del Interior.
Más allá del bipartidismo, IU intenta recordar la coincidencia de muchos de sus mensajes con los de la protesta y las izquierdas nacionalistas son tan ajenas al movimiento 15m como el PNV o CiU.
Los acampados continúan sus asambleas mientras en los medios -otro blanco de sus reivindicaciones- y en la política tradicional se juega una batalla que los miembros de la Junta Electoral oían crujir bajo sus sillas, a pocos metros de esta nueva política que lucha por abrirse paso en la calle e internet.
Juan Varela