El PNV anunció la semana pasada que si Bildu no podía concurrir a las elecciones del 22 de mayo retiraría su apoyo al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Apoyo del que seguramente dependería la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, últimos de la legislatura, cuando toque, o lo que es lo mismo a finales de 2011. Íñigo Urkullu lo dijo sin el menor pudor, dejando entre líneas la dosis de chantaje que tal anuncio comportaba, y sin tener en cuenta que al menos sobre el papel de la Ley la decisión correspondía en exclusiva, sin otra mediación, al TC. Es decir, el PNV presumía, al igual que millares de españoles, de que los magistrados podrían estar siendo presionados, y sin necesidad de ser adivino de la votación final se infiere la división entre los llamados progresistas y los de origen conservador. Por algo será, cuando su única obligación es declarar la constitucionalidad de las leyes sin otros aditivos.
Pero lo que sobre todo llama la atención es el descaro con el que el líder vasco dio su toque de atención a Zapatero: si no hay decisión favorable a la legalización de Bildu el PNV dejará de votar con el Grupo Socialista cada vez que necesite los votos nacionalistas. Pocas veces se ha visto con tanto desahogo el trueque político, el mercadeo de los votos y la intolerable manera de proceder entre partidos cuyos diputados emanan de la soberanía popular y a ella se deben, y a nadie más. Es probablemente una de las muchas razones por las que la opinión pública considera a la clase política como el tercer problema que acucian a los españoles, inmediatamente después del desempleo y de la situación económica. A pulso se lo han ganado los padres de la patria.
Benditas sean las mayorías absolutas de uno u otro signo. Porque, independientemente de los excesos a que son proclives los gobernantes sin ataduras (lo hicieron tanto Felipe González como José María Aznar) presentan en enorme beneficio de ahorrarnos espectáculos tan bochornosos como el protagonizado estos días por el PNV con un PSOE dejándose querer. Los diez meses que restan hasta las elecciones generales pueden deparar todavía operaciones coactivas sobre el Gobierno que en su afán de alcanzar marzo de 2012 sin grandes contratiempos será capaz de intercambiar cromos con los grupos minoritarios a mayor gloria de las mayorías necesarias para aprobar proyectos de ley o convalidar decretos, mayoría de la que no dispone el PSOE. De ahí que en estricta interpretación democrática Zapatero debió disolver las Cortes hace meses y dejar hablar a los españoles. Esos mismos españoles que anticipan en la encuesta del CIS lo que puede ocurrir el 22-M, como prólogo a las generales por venir el próximo año.
Este sucedáneo de la política sin pudor ha enrarecido el clima de la convivencia civil, que en buena parte vive de espaldas a la cosa pública, la peor de las enfermedades que puede padecer un país serio enclavado en esta zona del mundo. Es sencillamente reprobable, porque si muchos ciudadanos intuían que el TC podía pecar de parcial, la declaración de Urkullu llamando a las cosas por su nombre es elocuente de que las presiones han existido y de que el Alto Tribunal está integrado por seres humanos, o lo que es lo mismo personas de carne y hueso, sensibles a los mensajes más o menos directos que le llegan desde las esferas gubernamentales y partidistas.
La presencia de los primos hermanos y parientes cercanos de ETA/Batasuna en las elecciones municipales del País Vasco y Navarra constituye, a nuestra manera de ver, un error que empieza por tolerar las maniobras de los terroristas para que sus allegados puedan integrarse en la vida democrática, a la que han lacerado vilmente desde hace cuarenta años. Una muy mala noticia para los demócratas de bien; o sea, para la inmensa mayoría del pueblo español.
Francisco Giménez-Alemán