Miedo. Es la respuesta de la patronal de la música a su incapacidad para desarrollar un nuevo negocio. El p2p “expone a los usuarios a peligrosos contenidos no deseados como virus, pornografía o imágentes violentas”, “podrías estar infringiendo la ley y tiene consecuencias”, “la legislación afecta a las descargas, al intercambio y al streaming”, “podrás enfrentarte a graves condenas y multas”, “los enlaces que se proporcionan en blogs a contenidos (…) no son, por lo general, legales”. Son algunas de las terribles amenazas de la Guía para padres y profesores (pdf) editada en España por Promusicae, la asociación de las principales productoras de música, junto a la SGAE y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual. Una guía plagada de inexactitudes, que olvida que ningún enlace es ilegal y que sólo los sitios de alojamiento de contenidos ilícitos o difundidos con comunicación pública pueden ser perseguidos.
Ni siquiera la ley Sinde persigue a los usuarios. La propia ministra de Cultura ha defendido la persecución de las webs de descargas, pero no a los usuarios, a diferencia de la ley Hadopi francesa o de los tres avisos, adoptada también en Gran Bretaña y otros países.
La guía cita a El portal de la música (de Promusicae) o La central digital (propiedad de SGAE), pero olvida muchos proyectos e iniciativas legales. Spotify o iTunes se citan de pasada, pero nada de Filmin, Yes.fm, Rockola.fm y tantas más, ni tampoco alude a los contenidos legales difundidos por creadores y distribuidores en las redes sociales o en sus propias webs. Una desconsideración sospechosa en un documento que debería representar a toda la industria, no sólo a las webs de sus promotores.
Emperrados en perseguir. Puro alarmismo para atemorizar a padres y educadores con poca influencia en los usuarios. La industria demuestra sus errores de marketing. Son tan incapaces de explicar las ventajas de la oferta legal como de renovar un negocio marchito por los abusos de tantos años y la revolución tecnológica.
Por supuesto, también olvidan que el Ministerio de Industria acaba de aprobar un Plan de Contenidos Digitales con 205 millones de euros en subvenciones para este año, además de otros 5,625 millones del Ministerio de Cultura para modernizar las industrias culturales y creativas. Y la ilegalidad e injusticia de un canon digital impuesto por su presión que el Gobierno no consigue reformar después de la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo.
Otra vez el impulso al mercado digital se reduce a dinero, sin aumentar los derechos para los consumidores ni apuesta por el dominio público. Una oportunidad perdida de impulsar medidas políticas y legales para un nuevo mercado digital: flexibilizar y abaratar las licencias de contenidos; aumentar la oferta legal con acuerdos entre creadores, productores y distribuidores; recuperar las obras huérfanas para el dominio público; nuevas reglas de propiedad intelectual más ágiles y simplificadas, y un impulso a los derechos de los consumidores en todas las plataformas y dispositivos.
Miedo y subvenciones. Es la triste respuesta de una industria obsoleta y una política sin imaginación.
Juan Varela