viernes, marzo 29, 2024
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Los límites de la verdad

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En España está vigente una llamada Ley de Libertad Religiosa. No es una ley cualquiera, sino una Ley Orgánica -el rango más alto que una ley puede tener por debajo de la Constitución- y fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 1980 sin ningún voto en contra y con a lo sumo media docena de abstenciones. Mayor fortaleza de origen en una norma no cabe imaginar.

Pues bien, en su artículo 3.1 se establece que “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática”.

Un artículo que no es sino el desarrollo normativo de lo preceptuado en la Constitución, en el artículo 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

No hace falta saber Derecho para leer y entender estos textos. Si alguien viola la libertad de los demás, o pone en peligro su seguridad o su salud, o altera la moralidad pública o el orden público, todo ello en relación con el ejercicio y práctica de la libertad religiosa, ese alguien está violando la Constitución y una Ley Orgánica. Y, cuando tal violación tiene lugar, las autoridades han de intervenir para “garantizar la libertad religiosa y de culto”, tal como corresponde a “una sociedad democrática”; y, obviamente, como siempre que se comete un delito, esa intervención ha de consistir en el castigo del delincuente y en la garantía de protección a la víctima.

A la vista de estas normas legales, y dicho con toda objetividad:

las personas que asaltaron hace días la capilla de la Universidad Complutense situada en el Campus de Somosaguas,

a)     limitaron el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y al culto de las personas que allí se encontraban

b)     zarandearon, con peligro para su seguridad y salud, al sacerdote presente

c)     adoptaron actitudes y realizaron actos de clara lesión de la moralidad pública

d)     alteraron con toda evidencia el orden público

En suma, violaron en todos sus puntos la vigente legislación que rige este tipo de conductas.

Tales hechos, si hubiesen sido realizados en un país musulmán contra una mezquita musulmana, habrían supuesto una inmediata reacción en contra de toda la opinión pública, y una intervención de las autoridades muy posiblemente conducente a una pena muy severa, incluso de muerte. Y si hubiesen sido realizados, en un país democrático pluralista, contra una mezquita, e incluso contra un templo de otras religiones, habrían levantado en contra a la opinión pública nacional e internacional; habrían dado lugar a una inmediata y enérgica intervención punitoria de la autoridad; e incluso, si se asaltó una mezquita, es muy posible que se diese lugar a importantes represalias por parte de la comunidad islámica.

Los hechos vandálicos, blasfemos, y contrarios a la legalidad, han tenido lugar en España contra un templo católico, y creo que sus autores pensaron que podían actuar impunemente, y además reírse. Les avalaban la actitud de las autoridades públicas y académicas de Barcelona ante hechos parecidos, y la cobardía o conformidad -con la que contaban- del Rectorado y el Decanato, de bastantes medios de comunicación, de algunos grupos de opinión y del Gobierno. Evidentemente, ninguno de estos cómplices habría apoyado un asalto a la mezquita de la M 30 o incluso a una iglesia protestante. Ahí sí que, unos y otros, se lo habrían pensado dos veces.

Pues que se den cuenta: esa impunidad no podrá durar mucho más. Ya falta poco, pues toda paciencia tiene un límite, y después de poner la otra mejilla ya no hay más mejillas que poner. No podrán continuar tomando a los católicos como a mártires que se dejan comer por los leones. Menos leones. Sin decir que, a poco que los poderes públicos comprendan de qué va, van a tener que pensar también en la aplicación correcta y obligada de las leyes. Vamos: si ya ha comenzado a parecerles bien la guerra, a sólo siete años de la famosa espantada… Todo llega.     

 

 

 

Alberto de la Hera

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