sábado, diciembre 3, 2022

Fallos fallidos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado sobre los recursos presentados contra las reformas de la M30 diseñados y ejecutados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y ha fallado en contra de nueve tramos, o lo que es lo mismo, contra un planteamiento de la obra que burlaba intencionadamente la obligación de presentar un informe de impacto ambiental, y por tanto que supeditara la actuación municipal a la opinión de los expertos mediante su informe sobre las consecuencias medioambientales, gases, ruidos, arbolado, etc. Del proyecto faraónico del Sr. Alcalde, Alberto Ruiz Gallardón.

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo falló contra el desdoblamiento de la carretera de los pantanos, la M501, declarándola ilegal. En ambos casos, las obras están terminadas y en uso y las sentencias de los tribunales sólo valen para que quienes interpusieron las denuncias, se queden con la amarga satisfacción de saberse propietarios de la razón, una razón que los dirigentes municipales y la presidenta autonómica ignoraron abiertamente, demostrando, además, público desprecio por la crítica, las advertencias, las denuncias, por la actuación judicial y probablemente, por las resoluciones adoptadas.

Pero la sentencia demuestra algo más que el abuso institucional, pone en entredicho el propio funcionamiento del sistema judicial, que no tiene forma alguna de concretar con efectos materiales el resultado de su fallo. Las carreteras están y seguirán estando, y quienes interpusieron la denuncia pidiendo su paralización para que su ejecución se ajustara a derecho, se quedaran sin compensación alguna. No sólo ellos, por supuesto, sino todos los madrileños que tendrán una parte de la red viaria diseñada sin haber cumplido los requisitos que marca la legislación nacional y comunitaria.

Algo falla cuando los fallos se deslizan fácilmente por las distintas acepciones que les atribuye el diccionario. Digamos sencillamente que son fallos fallidos, pues no surten otro efecto que el de constatar la realidad de la ilegalidad.

Convendría que nuestro sistema judicial fuera más eficaz, y que nuestras garantías como ciudadanos estuvieran realmente protegidas de los abusos que munícipes o presidentas realizan con la comodidad que les brinda la ineficacia del sistema y la impunidad electoralista en la que se desenvuelven con tanta comodidad como descaro.

Editorial Estrella

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