Expongo el siguiente caso como ejemplo con el que ilustrar estas líneas. En el mes de abril del 2010 el Ayuntamiento de Madrid nombra a Mercedes Coghen asesora de relaciones deportivas internacionales, cargo por el que pasaba a cobrar un sueldo bruto anual de 75.000 euros. Apenas dos días después de su nombramiento, la señora Coghen solicita, porque así lo tienen reconocido todos los trabajadores del Ayuntamiento de la capital, el pago del abono transportes del citado año. La solicitud es rechazada porque la demandante no aporta toda la documentación necesaria.
En estos días en los que el ahorro forma parte del debate público, en estos tiempos en los que están en cuestión algunos de los excesos cometidos por administraciones de todo tipo, el caso que relato es tal vez un buen ejemplo del ingente trabajo que tienen por delante Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos regionales incluso Ministerios. Más allá de la regulación de las relaciones laborales entre institución y trabajadores, más allá del debate sobre la legalidad de este tipo de ayudas, resulta poco presentable que quien ya cobra del erario público un sueldo sustancioso opte por conseguir otro tipo de pago que, precisamente por su nivel salarial, se convierte en un privilegio más que un derecho. Tal vez de esta crisis que padecemos consigamos extraer alguna consecuencia en positivo. Y la racionalización del gasto público, sea cual sea la forma que adopte su abuso, se presenta como inevitable. Gastar menos, gastar mejor, convertir el gasto en inversión, invertir en quien lo necesita, evitar que el uso de la caja común derive en abuso del dinero común.
Regreso al Ayuntamiento de Madrid. Entre los años 2009 y 2010, 48 altos cargos de esa institución con sueldos entre los 85.000 y los 89.000 euros anuales (gerentes de juntas de distrito, directores generales, coordinadores generales) cobraron diferentes tipos de prestaciones sociales reconocidas por el consistorio a los funcionarios y trabajadores eventuales. Ayudas para tratamientos bucodentales, para asistencia óptica o para la escolarización de sus hijos. En este caso, el sindicato Comisiones Obreras y el propio Ayuntamiento discuten la legalidad de estas ayudas, el sindicato asegura que el convenio municipal excluye estas prestaciones para ese tipo de altos cargos, el Ayuntamiento se ampara en un acuerdo de pleno del año 2004 que sí las reconocía. Evito también en este caso la discusión legal. Me interesa mucho más la dimensión ética y estética. Por muy reconocido que esté ese derecho no creo justificable que uno de esos altos cargos con un sueldo cercano a los 90.000 euros llegara a cobrar dos facturas por importe de 5 euros cada una de ellas por escolarización de sus hijos. Con una nómina de esa cuantía resulta incluso miserable pasar por caja para recuperar una cantidad tan pequeña. Hay que racionalizar el gasto público, sin duda, antes habrá que hacer entrar en razón a los servidores públicos.
Pedro Blanco