viernes, marzo 29, 2024
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ERE: la cuestión de fondo

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Con escasa habilidad y altas dosis de cinismo el PSOE de Andalucía trata de centrar la atención del escándalo de los ERE ilegales en dos cuestiones que llevan dentro algo de trampa.

En primer lugar, que las presuntas irregularidades fueron llevadas al Juzgado, antes que nadie, por la Consejería de Empleo. La verdad es que dicho departamento madrugó, en efecto, pero después de que el origen de este caso –Mercasevilla- estuviera ya en manos de la juez Mercedes Alaya.

En segundo lugar, la información de la Junta al Juzgado se produce también días después de que la prensa empezase a desvelar presuntas anomalías en la concesión de prejubilaciones a trabajadores de empresas en dificultades. Es decir, a la vista de que el escándalo le estallaba en las manos al Consejo de Gobierno, su presidente Griñán ordena la puesta a disposición de la juez de todos los expedientes de los ERE aprobados en los últimos años.

Pero cualquier observador que haya seguido de cerca la información sobre este feo asunto, no tardará en darse cuenta de que su origen escandaloso no está solo, aunque también, en que treinta y nueve personas sin derecho alguno hayan sido beneficiadas ilegalmente con complementos de pensiones a cargo del erario público, sino en el procedimiento, a todas luces irregular, seguido por la Consejería de Empleo para aprobar los correspondientes expedientes.

Tales expedientes se venían tramitando como subvenciones excepcionales, a lo que administrativamente no hay nada que objetar, dada la transparencia de este procedimiento con respaldo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Es durante el paso por Empleo (2000-2004) de José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla, cuando se cambia el procedimiento mediante transferencias de explotación a favor del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), hoy Agencia IDEA. Esta vía evitaba los controles y la fiscalización, como por tres veces advirtió la Intervención General de la Junta, sin que en todos estos años se tomase en consideración tal recomendación.

Por tan opaco método se llegaron a transferir cerca de 700 millones de euros, de los que se han librado importantes partidas para sucesivos ERE, en algunos de los cuales entraron personas sin el menor derecho, con las condiciones para su percepción alteradas y manipuladas, cuando no  simples amiguetes del partido y miembros de la UGT a los que había que complacer, no se sabe por qué. O sí.

Los medios de comunicación se han distraído en lo llamativo de estas canonjías particulares sin que los árboles les dejasen ver el bosque: el fondo de la cuestión, que no es sino la alevosa, premeditada y súbita transformación de un procedimiento administrativo legal, reglado y transparente, en otro oculto a la fiscalización, cuyas partidas venían envueltas en los Presupuestos Generales de la Junta, lo que complicaba un diligente control parlamentario. Ni una sola línea de lo publicado en el BOJA indicaba el carácter finalista de esos 700 millones de euros, lo que no deja de parecerse, cuando, menos, a la malversación.

El caso de los ERE de Andalucía no ha hecho sino comenzar. La jueza Alaya tiene ya en su despacho una docena de abultadas cajas que contienen los expedientes, lo que a muchos se les antoja como un monumental cesto de cerezas del que irán saliendo engarzados unos y otros casos de corrupción. El presidente Griñán  ha perdido la ocasión de poner momentánea sordina política y mediática al escándalo de haber aceptado una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, donde tiene mayoría absoluta. Pero es un insulto a todo el arco parlamentario afirmar, como lo ha hecho, que lo que pretendía la oposición era abrir una “comisión de difamación”.

Tiempo al tiempo. En la era de la información y de wikileaks no hay nada que pueda ocultarse bajo siete llaves. Y terminaremos sabiendo con puntos y comas los manejos de una Administración autonómica en franca retirada –según todas las encuestas- que atraviesa sus peores momentos de los últimos treinta años de Gobierno hegemónico en Andalucía.

 

Francisco Giménez-Alemán

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