La pátina de ‘victimismo’ que la autoproclamada izquierda abertzale ilegalizada ha conseguido colar en la epidermis de la sociedad no sólo vasca sino en el discurso político general es digna de admiración. A ella contribuyen en cierto modo, quizás involuntariamente, la pléyade de declaraciones y análisis minuciosos de los responsables políticos sobre la penúltima coma que aquéllos añaden en su lucha por recuperar la legalidad. Siendo sólo un barniz –nadie en su sano juicio olvida que disfrutaban de su escaño mientras sus aliados disparaban contra sus adversarios, pervirtiendo el sistema-, resulta eficiente para volcar sobre la democracia siquiera como debate su única responsabilidad en el pasado, presente y futuro de su organización política.
¿Qué más pueden hacer para volver a estar en las instituciones? –se preguntan con conmiseración los más benévolos interpretadores de sus movimientos-. Y añaden, como corolario de su argumentación, que si se separa orgánica y políticamente de ETA, la Batasuna –ya sí, legal- no arrastraría a la banda hacia su final, tal como lo proponen mediadores internacionales como Brian Currin y algunos observadores políticos desde el nacionalismo vasco, temerosos de la ‘grapización’ de la banda.
Pero ni ETA está en aceptar su disolución de forma voluntaria, a la luz del último comunicado y del debate interno celebrado en noviembre, (José Luis Barbería, El País, 16-01-11) en el que salda la discusión con la máxima habitual: “la estrategia militar es incuestionable”, ni Batasuna anuncia su ruptura con la banda, más allá de insistentes promesas de “colaborar” con otras fuerzas políticas abertzales “para conseguir la soberanía de Euskal Herria desde el rechazo a las expresiones y estrategias violentas”, como volvió a afirmar este domingo en Vitoria. Expresiones similares emitió durante la tregua de Lizarra (1998) y en particular durante el pacto de gobernabilidad que suscribió con PNV y EA para dar estabilidad al Gobierno de Ibarretxe. ¿Que van ahora un pasito más allá? Seguro que sí. Pero en la legalidad democrática los límites están fijados y el que no los cumple se queda en la puerta.
Sugerir la merma de sus derechos como si fueran víctimas de un rígido sistema que cercena la libertad de expresión es una burla para quienes actúan en democracia sin más armas que las de su palabra y una ofensa para quienes luchan por mantener viva la memoria de los muertos. Jalear cualquier gesto o palabra de Batasuna que avanza hacia su democratización como si ya cumpliera los requisitos que exige la ley lesiona también la salud democrática. Porque no es preciso negar los avances que hubieren alcanzado para deducir como si ya estuviera lo que aún no ha llegado.
Chelo Aparicio