Tras la reunión del último Consejo de Ministros, el Vicepresidente Primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió al debate generado alrededor del sueldo de los expresidentes del Gobierno (79.300 €).

El Ejecutivo no se plantea cambiar este sistema retributivo, establecido en 1983, porque cree que es bueno que los expresidentes tengan un cierto estatus institucional. Según dijo el ministro, cuando se critica «alguna salida de tono» de un expresidente, se hace precisamente por el «valor institucional» que siguen representando para el país.

Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pues se trata de dos ideas perfectamente aceptadas y asumibles, pero en lo que Rubalcaba no profundizó -ni siquiera en respuesta a sus ya habituales “autopreguntas”- fue en cómo debe plantearse que los expresidentes tengan pluriempleos generosamente retribuidos. En otras circunstancias de bonanza económica el tema podría pasar más inadvertido, pero en estos tiempos de crisis resulta chocante, cuando no inmoral, que dos expresidentes cobren nóminas escandalosas.

Según lo publicado, Felipe González cobrará 126.500 €  como miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, y José María Aznar, asesor de Endesa para Iberoamérica, se embolsará 200.000 €, amén, en ambos casos, de conferencias y publicación de libros. Ni González ni Aznar cobran del Consejo de Estado, institución de la que son consejeros natos, y que ofrece a los expresidentes 76.602 €. El primero porque nunca ha querido formar parte de él, y el segundo porque, tras una similar polémica, renunció a esa institución cuando en 2006 le fichó Rupert Murdoch por 165.000 € como consejero de “News Corporation”.

De acuerdo que la nómina que perciben por su condición de expresidentes no va a acarrear un agujero insalvable a las arcas del Estado, ni siquiera los gastos de secretaria, escolta y coche oficial. Pero es la ética lo que aquí se plantea.

Con los mareantes ingresos que reciben del sector privado, tanto González como Aznar deberían dedicar unos minutos a reflexionar si es moralmente aceptable seguir cobrando su pensión vitalicia, al menos, mientras trabajen para empresas privadas. Y por añadidura, el Gobierno debería aplicar las mismas fórmulas jurídicas utilizadas con los funcionarios de carrera a los que, justamente, se les impone una férrea ley de incompatibilidades.

Pero tendrían que ser los expresidentes quienes tomaran la iniciativa, aunque –para qué nos vamos a engañar- no lo harán.

Felipe González tuvo buen tino cuando se refirió a los “ex” como “jarrones chinos” o estorbos que nadie sabe qué hacer con ellos.

Y no le faltaba razón, aunque habría que discernir si nuestros “ex” son de los que se compran en las tiendas de “todo a un euro” o pertenecen a la dinastía Ming. Sea cual sea el valor de las cerámicas, lo que también debería importar es la mano que las llena de monedas.

Si al menos estuvieran callados y sin molestar…