El Gobierno dará marcha atrás en la Ley Audiovisual para crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), el nuevo regulador de la televisión, integrado con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Un regulador convergente en la era de la televisión multiplataforma que contará con seis consejeros y el mismo presidente que la CMT. Un modelo rechazado por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, defensora de un organismo autónomo con poco futuro y muy condicionado por intereses políticos y de los grandes de la televisión, centrados en conseguir una RTVE sin publicidad y en demorar la aplicación de la legislación audiovisual por un regulador.
El cambio de gobierno, la presión de la crisis y el asentimiento de la opinión de la patronal televisiva Uteca -donde Sogecable era el principal enemigo del consejo convergente- permitirán al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, incluir una enmienda en el Senado en la Ley de Economía Sostenible para poner en marcha una autoridad visual integrada que no distinga entre las pantallas de televisión convencional y las nuevas de ordenadores, móviles o tabletas tipo iPad.
La razón de la convergencia audiovisual se impone. Y con ella la opinión de la mayoría de los partidos, de expertos y de algunos consejeros de la propia CMT como Ángel García-Castillejo, uno de los principales defensores de un autoridad del audiovisual convergente. La medida permitirá ahorrar alrededor de 34 millones de euros anuales, según cálculos de la propia CMT, y avanzar en la renovación de puestos y ajuste operativo de los reguladores que el Ejecutivo quiere acometer.
Fuentes gubernamentales indican que la Ley Audiovisual no se cambiará para evitar dilaciones y que las modificaciones se harán a través de los reglamentos. Ramón Jáuregui lleva en persona las negociaciones igual que antes lo hizo Fernández de la Vega. Los cambios en el Consejo Audiovisual pueden permitir al Gobierno conseguir la unanimidad para esta enmienda por el apoyo inicial de casi todos los grupos parlamentarios a un regulador convergente.
La decisión de crear una autoridad audiovisual convergente cerrará las vacaciones regulatorias de las que han disfrutado las televisiones desde la aprobación en marzo pasado de la Ley General Audiovisual. Sin el CEMA nombrado, las cadenas han presionado a Presidencia e Industria para aumentar sin freno la publicidad tras el apagón comercial de TVE, incumplir regulaciones sobre contenidos y horarios protegidos y, sobre todo, forzar la aprobación de fusiones como la de Telecinco, Telefónica y Prisa que han llevado a la muerte del único canal de noticias privado, CNN+, sustituido por más Gran Hermano, y a la creación de un nuevo poder en la televisión de pago y multiplataforma encabezado por Telefónica.
El nombramiento del CEMA acabará también con la parálisis de la Subdirección General de Medios Audiovisuales del Ministerio de Industria, renuente a tomar algunas decisiones sin un regulador con el que coordinar políticas.
La autoridad convergente es el modelo de Ofcom en Gran Bretaña, la FCC en Estados Unidos o los reguladores de otros países europeos. Sus competencias le permitirán fijar criterios sobre todas las pantallas con contenido audiovisual. Una necesidad cuando se avanza hacia las nuevas plataformas digitales que incluirán contenidos de internet, televisión, vídeo bajo demanda y movilidad en ofertas como la que ya prepara Telefónica cuando el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones abre la puerta a la rebaja de la neutralidad de la red y a la posibilidad de ofrecer servicios dedicados de pago a los operadores, entre ellos los audiovisuales.
Juan Varela