jueves, diciembre 8, 2022

Después de la fracasada ley Sinde

La ley antidescargas ha sido rechazada en la Comisión de Economía del Congreso. Un año de enfrentamientos y debates de sordos no ha servido para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, adaptarla a las necesidades de una sociedad y una economía digitales que sean sostenibles y aumenten los derechos de todos. La identificación de cultura libre con el todo gratis es una falacia promovida por parte de la industria de contenidos y justificada por usuarios sumidos en un hiperconsumismo desaforado, más allá de la copia privada y sin respeto a los derechos de otros.

La tecnología y el mercado digital requieren otra propiedad intelectual: más libre, participativa, colaborativa, abierta, voluntaria y flexible, como han propuesto los movimientos de software libre y defensa del dominio público, pero también iniciativas de licencias flexibles de derechos de autor como Creative Commons o la española Coloriuris.

La furia de la pelea abierta por el mal cierre de la reforma de la propiedad intelectual en el año 2006 con la instauración del canon digital y reavivada por la disposición antidescargas en la Ley de Economía Sostenible deja a las partes exhaustas. La reforma de los derechos de autor está abierta en todo el mundo y hay muchas ideas que da pena no oír entre la furia. Recuerdo algunas para desbloquear el encono.

La cultura, la ciencia o el conocimiento no son sólo patrimonio o bienes privados. La visión economicista olvida su carácter de procomunes, de bienes y servicios públicos, disponibles para todos cuando todos contribuyen a su creación, sostenimiento, financiación y porque los bienes públicos son más valiosos cuanto más y más gente los disfrutan. La gestión social de los procomunes aumenta su valor. Recuperar la idea clásica –compartida por el liberalismo y el progresismo- de que todos los participantes y creadores de un proceso común como la ciencia, la cultura y el conocimiento son accionistas de su capital intelectual, y por tanto deben tener acceso al conocimiento necesario para su enriquecimiento y desarrollo.

La ampliación del dominio público es imprescindible para garantizar los derechos de los ciudadanos. Las obras, creación, investigaciones y contenidos financiados con fondos públicos deberían garantizar el acceso y uso por los ciudadanos a través de licencias públicas y  no comerciales. Premios, subvenciones y la financiación pública de la cultura y la investigación –en cualquier área- deberían promover el acceso público.

Identificar las barreras del sistema actual para nuevas obras y negocios. Eliminarlas para facilitar la gestión  de la propiedad intelectual y promover nuevos negocios, como está estudiando el gobierno británico a través de una consulta pública.

Un mercado común de contenidos y servicios digitales, como propone la Comisión Europea para simplificar las licencias, aumentar la competencia, abaratar precios, reducir monopolios y llegar a acuerdos sobre el uso de obras huérfanas –de las que no se conocen los propietarios- o descatalogadas.

Invertir el proceso de los derechos de autor: sostener los morales y reservar los económicos y patrimoniales cuando su propietario lo decida y registre. Fomentar el conocimiento y uso de las licencias públicas y abiertas, que no excluyen en muchos casos oportunidades de explotación comercial.

Ampliar el derecho de cita y el uso justo de las obras para su utilización privada, para crear nuevas obras y para la educación. Aumentar el derecho a enlazar en la era de los contenidos compartidos en internet y las redes sociales.

Olvidarse de gravar la copia cuando el streaming, los contenidos en la nube o como servicio requieren modelos de negocio de pago por lectura, por visión o por escucha para los que se deben redefinir las licencias actuales. No perseguir la redistribución de las obras, sino identificarlas y obligar a quienes redistribuyan contenidos ajenos a compartir los ingresos, como ocurre con YouTube y su sistema Content ID, pero garantizando precios justos.

No prorrogar en exceso la duración de los derechos de autor. Aumentar las excepciones para educación, investigación, bibliotecas, archivos y otros usos públicos y sociales que aumenten la riqueza de los procomunes intelectuales y creativos.

Reformar el canon para convertirlo en una compensación efectiva por el uso no comercial de contenidos. Acabar con el oligopolio de las entidades de gestión con una agencia pública de gestión transparente de los precios, compensaciones y beneficiarios.

Asegurar el equilibrio justo entre los derechos de los autores y el público. Respetar las libertades y defender más los derechos de los consumidores, a menudo restringidos por las nuevas plataformas, aplicaciones y servicios digitales como ebooks, móviles o vídeo.

Garantizar el uso y acceso a los contenidos y servicios en todos los equipos y plataformas utilizados por los clientes para acceder a los productos: ordenadores, móviles, televisores conectados a internet, tabletas, etc. y la interoperabilidad entre diferentes sistemas operativos.

Crear una gran plataforma de contenidos públicos. Redefinir el servicio público de radiotelevisión para crear un sistema digital y audiovisual de promoción de los contenidos públicos y abiertos. Un gran contenedor de los contenidos digitales para facilitar el acceso y promoverlos en los medios y webs públicas. Aumentar la digitalización del dominio público.

Defender la neutralidad de la red e incluirlo como derecho del consumidor en un nuevo servicio público de banda ancha que amplíe el actual servicio universal de telecomunicación.

Reconocer los nuevos derechos digitales o de cuarta generación: acceso a internet de banda ancha, como proponen la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Hay ideas para una economía y sociedad digital sostenible y justa. Veremos si hay voluntad política.

Juan Varela

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