Sólo desde el cinismo más absoluto se pueden despreciar las informaciones que estos días está destapando Wikileaks. Sólo desde la aceptación completa y absoluta de la hipocresía, de la mentira victoriana como forma normal de la política, se puede aceptar esa frase, tan repetida estos días, de que el Cablegate son sólo “unos pocos cotilleos”, sin más importancia que las nuevas tetas de Sara Carbonero.
Gracias a Wikileaks no sólo hemos descubierto lo que piensa realmente la diplomacia estadounidense sobre los gobiernos de todo el planeta, que no es poco. También, sus presiones nada sutiles y, lo que es más importante: la respuesta de cada país ante ellas. La diplomacia consiste en eso, en presionar. Pero la democracia consiste en lo contrario: en no ceder a esas presiones, menos aún cuando bordean lo ilegal.
En España el Cablegate ha demostrado que incluso un Gobierno como el de Zapatero, que nada más llegar se atrevió a retirar las tropas de Irak, cedió ante las presiones diplomáticas estadounidenses y maniobró para parar tres investigaciones judiciales molestas para EEUU: la del secuestro y las torturas a cinco ciudadanos españoles o residentes en España en el limbo de Guantánamo; la del asesinato a manos de un tanque estadounidense de un reportero español en Bagdad; la de los vuelos de la CIA. Las presiones funcionaron, hasta el punto de torpedear uno de los pilares básicos en un Estado de derecho: la separación de poderes.
Sólo una sociedad cínica y adormecida puede aceptar como algo natural y hasta corriente que el Ejecutivo y la Fiscalía conspiren contra el poder judicial para torcer su mano porque así lo pide una potencia extranjera. De eso van las reuniones, ahora descubiertas, de la Embajada estadounidense del fiscal general del Estado, Candido Conde-Pompido; y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Ambos siguen aún hoy en su puesto, lo que sólo se explica por la presencia del Gobierno en este mismo pantano.
Tampoco vale la excusa, también muy repetida, de que el Cablegate sólo refleja la versión de una parte, la Embajada, de unos hechos que no necesariamente han ocurrido así. Es cierto que sólo conocemos una versión de esta historia, aunque no se trata de una versión interesada, al contrario. Ni siquiera Hillary Clinton habla de cables manipulados: lo que hace es acusar a Wikileaks de revelación de secretos. Y también hay otros datos que demuestran que lo que la Embajada transmitía al Washington es cierto; que la cadena de acontecimientos corrobora que los cables no son una invención. Por ejemplo: gracias al cablegate, hoy sabemos que, el 4 de mayo de 2009, el fiscal Zaragoza se reunió con la Embajada de EEUU a la que avanzó toda su estrategia para evitar que Garzón molestase con el caso Guantánamo. Zaragoza también contó que apelaría si no podía forzar a Garzón para que abandonase. Esta reunión, en estos términos, fue trasmitida a Washington: aparece en el cable 205579. Zaragoza no logró que Garzón se rindiese: el juececillo valiente abrió ese melón en octubre de 2009. Tal y como había avanzado a la Embajada, Zaragoza presentó un recurso de apelación poco después.
¿Hay algo ilegal en la actuación del Gobierno y de la Fiscalía? Desde el PSOE privadamente reconocen que lo desvelado por Wikileaks sobre España es muy feo y poco decoroso, pero creen que no hay nada ilegal en lo que hasta ahora se sabe sobre los movimientos del Gobierno y la Fiscalía para enterrar el caso Guantánamo y el caso Couso; o sobre su complicidad con los vuelos de la CIA. Está por ver que sea así, ya hay alguna denuncia presentada y algunas más llegarán en los próximos días. Pero independientemente de la responsabilidad legal del Ejecutivo de Zapatero, existe sin duda una responsabilidad política, que se suma al desgaste acelerado de la imagen socialista.
Para el PSOE, el Cablegate es otro puñetazo demoledor, que ataca esa misma víscera emocional de su votante que hace unas semanas golpeó lo ocurrido en el Sáhara. Los socialistas pueden intentar explicar a su electorado que, en lo económico, se vean obligados a renunciar a sus principios y asumir una política de derechas porque no les queda otra. Es un argumento muy discutible, pero se puede intentar. Pero si a esto se suma un deterioro de los principios morales, de la ética democrática, el derrumbe de su imagen ya sí que es casi imposible de detener.
El papel del PP
Lo peor para el PSOE es que esta historia no ha acabado, aunque a favor del Gobierno juega que en este tema, por lo que les toca, el PP no quiere entrar. Los populares, con todo, tienen suerte: el Cablegate, en lo que refiere a España, sólo comprende las informaciones enviadas desde la Embajada de Madrid a partir de 2004; de momento nos quedamos sin conocer los interesantísimos entresijos del papel de España y Aznar en la previa a la invasión de Irak. Pero tampoco el PP se va de rositas, y no sólo por las bravuconadas salvapatrias del desquiciado Aznar.
En los próximos días, El País tiene previsto desvelar esos 115 cables sobre la defensa del copyright que la Embajada estadounidense transmitió en los últimos cuatro años. Muchos de ellos coinciden con las fechas en las que se conoció el texto de la llamada Ley Sinde, contra la piratería en Internet: diciembre de 2009. En esos días, como ya publiqué hace un año en exclusiva en Estrella Digital, la Embajada llamó para presionar a políticos del Gobierno y de la oposición para que la ley siguiese adelante, a pesar de las protestas ciudadanas. La ex presidenta de los demócratas en España, Alana Moceri, confirmó después esas mismas llamadas.
La diplomacia estadounidense era especialmente crítica entonces con la postura del Partido Popular, que en un primer momento se sumó a las protestas contra la Ley Sinde para después dar marcha atrás. Puede que pronto sepamos el porqué.
Ignacio Escolar